El Servicio Nacional de Migración de Panamá repatrió a 43 ciudadanos colombianos, de los cuales 30 fueron deportados por ingresar de manera irregular y 13 expulsados por representar una amenaza al orden público y cometer delitos graves, mediante un vuelo chárter de AirPanamá que aterrizó en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro. Este grupo estaba compuesto por 38 hombres y 5 mujeres, y la operación se llevó a cabo con estrictos protocolos de seguridad, verificación de antecedentes y acompañamiento de autoridades colombianas, como parte de los esfuerzos por reforzar el control migratorio y la seguridad nacional en Panamá, evitando que el país se convierta en refugio para infractores.
Estos retornos forman parte de las estadísticas de los primeros 11 meses del año, período en el que 418.000 colombianos ingresaron a Panamá mientras que 403.651 salieron, posicionando a los nacionales colombianos como líderes en entradas, salidas y solicitudes de residencia en esa nación centroamericana. En total, durante el año se otorgaron 8.996 permisos de residencia a colombianos, aunque 724 fueron rechazados, junto con 496 deportaciones y 126 expulsiones de nacionales en el mismo lapso.
Delitos graves y respeto al debido proceso
La operación se realizó bajo el estricto respeto al debido proceso y los derechos humanos. Los expulsados enfrentaban cargos por delitos como posesión de armas de fuego, tráfico de drogas, fabricación y tráfico de armas, narcotráfico, tráfico ilegal de migrantes, homicidio calificado, robo agravado y antecedentes penales en Estados Unidos, con algunos de ellos habiendo reingresado ilegalmente al territorio panameño. Para ingresar legalmente a Panamá, los colombianos están exentos de visa turística siempre que no realicen trabajo remunerado, pero deben presentar un pasaporte con al menos seis meses de validez, boleto de regreso y demostrar disponer de al menos 500 dólares.
En cuanto a residencia o trabajo, se requiere un visado y permiso laboral gestionado a través de un abogado, con documentos como poder notariado, fotos, pasaporte, antecedentes penales y certificados de salud. Las sanciones por trabajo ilegal incluyen multas y deportación, mientras que para menores se exige un permiso notariado. Estas medidas buscan regular el flujo migratorio y prevenir irregularidades que afecten la seguridad de ambos países.
