En un golpe contra la práctica ilegal de la medicina estética en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Esteban Felipe Henao y a Ruth Verónica Lengua Jaramillo, señalados de realizar más de 200 procedimientos estéticos invasivos sin contar con título médico. Los procesados, quienes operaban en inmuebles acondicionados como centros de salud en la localidad de Usaquén, aceptaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, estafa en masa, falsedad material y fraude procesal. La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, lideró la imputación que reveló una red de engaños que habría afectado a decenas de personas que buscaban mejorar su apariencia física.
De acuerdo con la investigación, los dos acusados utilizaban consultorios con camillas, personal auxiliar y una aparente habilitación institucional para captar clientes a través de redes sociales, donde promocionaban liposucciones, lipólisis láser, transferencias de grasa, aumento de glúteos, lipopapadas, marcaciones abdominales y rinoplastias. Sin embargo, ninguno de los dos poseía los títulos que los acreditaran como médicos o cirujanos. La Fiscalía señaló que más de 200 personas acudieron a estos establecimientos y que al menos 59 víctimas fueron identificadas en el expediente, quienes pagaron más de 568 millones de pesos por procedimientos que ponían en grave riesgo su salud. Durante la audiencia se conoció que algunas víctimas despertaron durante las cirugías manifestando dolor, y que la pareja recurría a cubrirles la boca o sujetarlas para impedir que gritaran.
Diplomas falsos y tarjetas profesionales apócrifas
El ente acusador detalló cómo Henao intentó legitimar su farsa ante las autoridades sanitarias. Según la fiscal de apoyo de la Seccional Medellín, el 11 de abril de 2025 Esteban Felipe radicó ante el Colegio Médico Colombiano una solicitud para obtener la tarjeta profesional de médico y su inscripción en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, RETUS, aportando como soporte un diploma falso, un acta de grado falsa y una certificación de año rural también falsa. “Sin embargo, Esteban, el 25 de septiembre de 2025, el trámite fue rechazado por el Colegio Colombiano de Médicos, sin que en momento alguno se hubiera consolidado su inscripción en el RETUS ni se hubiera expedido esa tarjeta profesional que se pretendía”, afirmó la fiscal durante la imputación. Por su parte, Ruth Verónica Lengua Jaramillo, según la misma fiscal, “casi un año después de lo de Esteban, el 13 de octubre de 2017, obtuvo un diploma y un acta de grado que la acreditaban falsamente como médica y cirujana”, llegando incluso a poseer una tarjeta de identificación única de talento humano en salud que la acreditaba falsamente como profesional.
Garajes convertidos en clínicas
La Fiscalía investiga desde hace tiempo los llamados centros estéticos de “garaje”, que operan sin condiciones sanitarias y al margen de la ley. En este caso, los procesados funcionaban bajo distintas razones sociales en varios inmuebles de la capital, creando la apariencia de establecimientos habilitados para realizar cirugías. Durante los allanamientos se incautaron diplomas falsos, dinero en efectivo y numerosos elementos empleados en intervenciones estéticas, lo que permitió consolidar el material probatorio presentado ante el juez. El caso cobró relevancia nacional al revelarse que las víctimas, confiadas en la fachada de legalidad, se sometieron a procedimientos de alto riesgo sin tener conocimiento de que quienes las operaban no habían pisado jamás una facultad de medicina.
“Para el 11 de abril de 2025, usted, Esteban Felipe, radicó ante el Colegio Médico Colombiano la solicitud de expedición de tarjeta profesional de médico e inscripción en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, RETUS, en calidad de médico, aportando como soporte el diploma falso, el acta de grado falsa y la certificación del año rural falsos”.
Fiscal de apoyo de la Seccional Medellín
Con la aceptación de cargos, el proceso judicial avanza hacia una sentencia que podría sentar un precedente en la lucha contra la proliferación de falsos profesionales de la salud en Colombia. Las autoridades no han especificado si las víctimas, algunas de las cuales sufrieron complicaciones durante o después de los procedimientos, han recibido atención médica posterior para mitigar los daños causados. Mientras tanto, la Fiscalía continúa verificando si existen más afectados y si otras personas hicieron parte de esta estructura criminal que convirtió la ilusión de la belleza en un peligroso engaño.
