Desde Manizales, La Veintitrés informa que entre el 8 de marzo y el 9 de octubre de 2025, la Fundación Pares, conocida como Fundación Paz y Reconciliación, reportó 109 hechos violentos y 139 víctimas únicas vinculadas a la violencia político-electoral en Colombia.
El análisis señala que estos incidentes se registraron en un periodo de vigilancia que incluyó 61 amenazas, 33 atentados, 11 homicidios y 4 secuestros, y que el alcance abarcó 24 de los 32 departamentos del país más Bogotá, representando el 87% del territorio nacional.
Hallazgos clave y alcance regional
La evaluación detallada por Pares revela que la violencia política se concentra en regiones con presencia de grupos armados y disputas territoriales, afectando principalmente a concejales, alcaldes y otros funcionarios públicos: 52 concejales, 23 alcaldes y 18 funcionarios de distintos cargos. En términos de afiliación partidista, las víctimas se registraron en 8 organizaciones, con una mayoría para Centro Democrático (13), seguido por Partido Liberal (10), Alianza Verde (9) y Alianza Social Independiente (9), más Conservador (7), Colombia Humana (6), Movimiento MAIS (6) y Cambio Radical (6). Además, 64 de las víctimas se concentraron en Cauca, Antioquia, Huila, Nariño y Córdoba, lo que evidencia una hot zone de riesgo en determinados corredores políticos.
En cuanto a la temporalidad, abril y septiembre de 2025 mostraron los picos más altos, con 23 víctimas reportadas en cada uno, y septiembre se destacó como el mes más crítico al registrar 21 ataques en ese periodo.
«El Estado debe proteger especialmente a los actores del sistema político más expuestos, como los militantes de partidos y los concejales, quienes una vez más son el perfil más victimizado», concluye el informe. – Fundación Pares
Contexto y lectura necesaria: Pares advierte un aumento de la violencia político-electoral en 2025, concentrada en regiones con presencia de grupos armados, lo que eleva el riesgo para la libre competencia democrática y la seguridad de actores políticos locales, con potenciales distorsiones del proceso electoral. El documento aclara que no incluye la violencia contra líderes sociales para centrarse en cargos o roles en instituciones políticas y administrativas, pero señala una expansión de la violencia a zonas donde antes no había amenazas contra actores políticos.
La conclusión general es que este fenómeno exige respuestas de seguridad y protección reforzada para los actores políticos, así como una coordinación entre autoridades y organismos de seguridad para salvaguardar la participación democrática, especialmente en las zonas más afectadas.
