El Parlamento Europeo aprobó con 408 votos a favor una norma que permite a los Estados miembros de la Unión Europea expulsar a solicitantes de asilo hacia países clasificados como seguros, incluyendo a Colombia, sin necesidad de que exista una nacionalidad previa o vínculo familiar con ese destino. Esta medida, impulsada en el contexto de la reforma migratoria comunitaria, redefine el concepto de «tercer país seguro» y acelera los procesos de expulsión, siempre que el solicitante no pueda demostrar persecución personal o daño grave. La votación, ocurrida recientemente en Bruselas, cuenta ahora con el respaldo del Parlamento y solo requiere un trámite protocolar en el Consejo de la UE para entrar en vigor plena.
Colombia figura en la lista de naciones consideradas seguras por las autoridades europeas, junto a Bangladesh, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez, basándose en la ausencia generalizada de persecución según el Artículo 9 del Reglamento (UE) 2024/1347. Esta clasificación facilita el rechazo expedito de solicitudes de asilo provenientes de estos países, eliminando la exigencia de una conexión previa entre el migrante y el territorio de traslado. El análisis se fundamenta en la falta de amenazas estructurales de violencia o persecución, permitiendo rechazos si el solicitante transitó previamente por un país seguro, residió allí o mantiene lazos culturales o familiares. Cabe destacar que Colombia, en compañía de Siria, Venezuela y Turquía, representa el 44 por ciento de las solicitudes de asilo gestionadas en la UE, lo que subraya el impacto potencial de esta norma en miles de migrantes.
Voces a favor y en contra de la nueva política
Magnus Brunner, comisario europeo de Seguridad Interior y Migración, celebró la aprobación al afirmar que «el voto del Parlamento otorga a los Estados miembros una mayor flexibilidad en la cooperación con los países socios, alivia la presión sobre nuestros sistemas de asilo y refuerza el control sobre la migración». Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas de eurodiputados como Mélissa Camara, representante ecologista francesa, quien la calificó como «un paso más en la deshumanización de la política migratoria de la Unión Europea» y lamentó que «la dignidad de los solicitantes está siendo pisoteada».
«El enfoque hacia los llamados países seguros ha perdido todo equilibrio. Clasificar como ‘seguros’ países como Turquía o Egipto, donde existen graves y bien documentados problemas de derechos humanos, pone a las personas en riesgo y dificulta considerablemente que los solicitantes de asilo demuestren la persecución».
Erik Marquardt, eurodiputado
Documentos oficiales de las autoridades europeas respaldan la inclusión de Colombia al precisar que «no hay, en general, persecución en el país dentro del significado del Artículo 9 del Reglamento (UE) 2024/1347». Organizaciones como Amnistía Internacional y varios eurodiputados han alzado la voz contra esta política, argumentando que ignora realidades locales de violencia y derechos humanos, lo que podría derivar en retornos forzosos injustos para solicitantes colombianos.
