La crisis en los precios del arroz ha llevado a miles de productores en Tolima, Huila, Meta y otros departamentos a iniciar un paro nacional indefinido. Denuncian incumplimientos del Gobierno y una drástica caída en el valor del grano que amenaza la viabilidad del sector. Las protestas ya afectan la movilidad, la economía regional y podrían derivar en un problema de desabastecimiento a nivel nacional.
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El sector arrocero colombiano enfrenta una tormenta perfecta. Desde ayer, 14 de julio, los productores han bloqueado carreteras estratégicas del país para exigir medidas urgentes ante el desplome del precio del arroz paddy verde, que ha caído hasta en un 30% en algunas zonas productoras. Aseguran que no pueden cubrir los costos de producción y que sus reclamos vienen siendo ignorados desde hace meses.
En departamentos como Tolima, Huila, Meta, Casanare y Córdoba, los bloqueos —de seis horas de duración por una hora de apertura— afectan tanto a transportadores como al suministro de bienes básicos.
En la vía El Espinal–Ibagué, centenares de tractomulas permanecen represadas, y en el cruce hacia la vía al Llano, las autoridades reconocen afectaciones severas al transporte entre Bogotá y la región oriental del país.
El detonante del paro ha sido el desplome del precio por carga de arroz, que según los líderes del gremio ha bajado a niveles que no permiten sostener la producción. Mientras que en 2024 el precio promedio por carga de 125 kilos era de $225.000, hoy muchos productores no reciben más de $158.000. “Nos pagan por debajo del costo, estamos quebrados.
No es una protesta, es una emergencia económica”, afirma Óscar Quintero, cultivador del Meta.
Además de la caída de precios, los agricultores acusan al Gobierno de incumplir acuerdos firmados en marzo de este año. En esos compromisos, el Estado se comprometía a apoyar la comercialización del arroz, controlar las importaciones y activar subsidios de emergencia ante la sobreproducción. Hasta ahora, dicen, solo ha habido declaraciones y promesas sin ejecución.
Desde el Ministerio de Agricultura anunciaron esta semana un proyecto para fijar un precio mínimo regulado y establecer una “libertad vigilada” en el precio del arroz crudo. Sin embargo, los gremios arroceros lo ven como una acción tardía y parcial. En respuesta, han exigido la presencia directa de varios ministros en los territorios para una mesa de negociación activa y decisiva.
La movilización en las vías también ha tomado un matiz social. En municipios como Campoalegre, El Espinal y Aguazul, los manifestantes han repartido arroz a los viajeros detenidos en los bloqueos, como símbolo de la contradicción que enfrentan: el alimento sobra en las bodegas del campo, pero escasea en el mercado justo. A junio, los inventarios superaban las 534.000 toneladas, según Fedearroz, una cifra sin antecedentes recientes.
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La presión sobre la cadena de abastecimiento comienza a sentirse
Gremios de transportadores han advertido que si el paro continúa durante más días, podría haber escasez de alimentos, medicamentos, gas y fertilizantes en regiones apartadas. La crisis logística también amenaza con aumentar los precios de la canasta básica si no se logra una salida rápida al conflicto.
Los arroceros insisten en que no buscan confrontación sino supervivencia. «No es solo por nosotros, es por el futuro alimentario del país«, señala una productora de arroz en el sur del Huila. Agrega que muchos cultivadores ya acumulan deudas con bancos y no tienen insumos para una próxima siembra.
Este martes los bloqueos persisten en varias zonas y el país observa con preocupación cómo se agudiza una tormenta que afecta tanto a productores como a consumidores por igual.
