El presidente del partido En Marcha, Juan Fernando Cristo, rechazó de manera categórica los anuncios realizados por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien confirmó que a partir del 7 de agosto eliminará la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final y la Consejería para los Derechos Humanos. En un comunicado divulgado el 14 de julio, el exministro del Interior calificó estas decisiones como el inicio del “desmonte de la institucionalidad” creada para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, advirtiendo que estas medidas podrían tener consecuencias graves para la estabilidad democrática y la seguridad en los territorios.
El pronunciamiento de En Marcha se dio luego de que De la Espriella anunciara que trasladará las funciones de estas dependencias al Comisionado Nacional de Seguridad, al tiempo que cuestionó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que en su gobierno “no habrá más procesos de falsa paz”. Para el partido, estas declaraciones desconocen la buena fe de las más de 13.000 personas desmovilizadas gracias al acuerdo, de las cuales más del 90% han cumplido con los compromisos adquiridos. La colectividad sostiene que el Acuerdo Final de Paz no es una política pública transitoria ni un programa de gobierno, sino un pacto suscrito por el Estado colombiano, respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que trasciende cualquier ciclo electoral.
Un llamado a la comunidad internacional
Ante lo que consideran una amenaza directa contra la institucionalidad del acuerdo, En Marcha solicitó a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia que se pronuncie al respecto. La colectividad advirtió que los discursos que estigmatizan colectivamente a los firmantes de la paz incrementan los riesgos de seguridad y deterioran la confianza en los procesos de reincorporación, por lo que rechazó cualquier mensaje que pueda poner en peligro a quienes han hecho dejación de armas y se han sometido a la JEP.
“Con esas decisiones expresadas por el nuevo presidente comienza el desmonte de la institucionalidad creada para asegurar la implementación del acuerdo. Eso, y enviar mensajes que desconozcan la buena fe de quienes se acogieron a él puede tener consecuencias muy graves para la estabilidad democrática y para la seguridad en los territorios”
Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y presidente del partido En Marcha
La colectividad también hizo un llamado al gobierno entrante para que cualquier reforma se adelante mediante el diálogo democrático y el respeto a la Constitución y las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia. En su comunicado, el partido En Marcha insistió en que el Acuerdo de 2016 cuenta con el acompañamiento permanente de países garantes y del mecanismo de verificación de la ONU, por lo que su implementación constituye un compromiso institucional del Estado con las víctimas, los territorios y la comunidad internacional.
