Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) revela que la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro no logró sus objetivos y dejó a Colombia con un aumento del 90% en el número de integrantes de grupos armados ilegales y una mayor conflictividad territorial, a cuatro años de su implementación. El análisis, realizado por el área de Conflicto y Seguridad de la FIP, señala que la estrategia de diálogo «global, simultáneo e integral» careció de un método claro, rutas legales sólidas y una caracterización adecuada de los grupos armados, lo que impidió avances sustanciales hacia la desmovilización y el sometimiento.
Según las cifras recopiladas por la FIP, a julio de 2026 se registraron 28.802 integrantes de grupos armados ilegales, un incremento del 90% frente a los 15.120 contabilizados en diciembre de 2022. El Clan del Golfo (EGC) pasó a tener 10.268 miembros, un aumento del 152%; el ELN creció un 22% hasta los 7.123; el Estado Mayor Central (EMC) sumó 4.480 integrantes, un 109% más; y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) alcanzó los 2.359, con un alza del 108%. La conflictividad también se intensificó: las disputas entre actores ilegales pasaron de 7 en 2022 a 14 en 2026, y los enfrentamientos documentados en 2025 llegaron a 116, la cifra más alta desde 2016. El informe enumera trece desaciertos centrales de la política, entre ellos la ausencia de líneas rojas frente a la expansión de grupos, el reclutamiento de menores y la fragmentación institucional. Además, la FIP critica la falta de autocrítica del gobierno y una narrativa que atribuía la incomprensión de la política a la opinión pública, lo que dificultó la corrección de errores.
Compromisos incumplidos y respaldo ciudadano en declive
De los 55 compromisos identificados en ocho mesas de diálogo para la transformación territorial, apenas 23 proyectos habían sido entregados hasta junio de 2026. El caso más representativo del estancamiento es el de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano: 99 de sus integrantes permanecen concentrados en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) sin que su situación jurídica se haya resuelto. El respaldo ciudadano a los diálogos, que en agosto de 2022 era del 76%, cayó al 50% en febrero de 2025, reflejando el desencanto con una política que no logró avances concretos. La FIP advierte que la gobernanza criminal y los indicadores de desplazamiento, secuestro, confinamiento y reclutamiento han aumentado, y que ningún grupo armado completó su paso a la legalidad, salvo el caso aislado de esos 99 integrantes en la ZUT.
El informe también señala que logros puntuales en reducción de homicidios en lugares como Putumayo, Nariño o el Valle de Aburrá no pueden atribuirse directamente a la Paz Total. En Buenaventura, la tregua entre las bandas Shottas y Espartanos se rompió en febrero de 2025. La FIP alertó que la inversión estatal y la presencia institucional comenzaron a depender de la intermediación de actores armados, legitimando su rol en los territorios. Dos proyectos de ley para un marco legal de sometimiento colectivo, presentados en 2023 y 2025, fueron archivados en el Congreso. Además, la creación de siete ZUT en los últimos meses del gobierno trasladó la responsabilidad de administrar esos espacios al próximo gobierno, dejando un legado complejo para la siguiente administración.
