El departamento de Caldas está en pie de lucha contra la permanencia de tres peajes que circundan la capital, Manizales. Este conflicto surge a raíz de la próxima renovación de la concesión vial en 2027, un proceso que, según comunidades y líderes locales, amenaza con perpetuar una situación de injusticia y desigualdad.
Durante un debate en la Comisión Sexta del Senado, autoridades locales y representantes del Gobierno Nacional expusieron sus posturas, dejando en evidencia las profundas diferencias en torno a la viabilidad y equidad de la concesión actual
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
El departamento de Caldas está inmerso en un debate que podría definir el futuro de su infraestructura vial. La concesión que administra tres peajes clave en los accesos a Manizales expira en 2027, y la comunidad, líderes políticos y sectores económicos han alzado su voz en contra de su continuidad bajo las condiciones actuales. Argumentan que estos peajes afectan gravemente la competitividad, el crecimiento urbano y la calidad de vida de los habitantes de la región.
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El Senador Guido Echeverri Piedrahita, quien convocó el debate en la Comisión Sexta del Senado, fue contundente: “Es inaudito que para movilizarse dentro del área metropolitana de Manizales haya que pagar peajes”. Señaló que la ubicación de los peajes de Pavas, Santágueda y San Bernardo no solo limita la expansión de Manizales, sino que también impone una carga injusta a comunidades rurales empobrecidas, como San Andrés y La China, cuyos habitantes deben pagar para acceder a servicios esenciales en la capital.
El Representante a la Cámara por Caldas, Juan Sebastián Gómez, alertó sobre el impacto de estos peajes en la economía regional. “Manizales es una ciudad exportadora, pero los costos de transporte están asfixiando su competitividad”, afirmó. Advirtió que la decisión que tome el Gobierno Nacional sobre la nueva concesión definirá el desarrollo del departamento en los próximos 30 años.
Por su parte, el también Representante a la Cámara Santiago Osorio Marín, invitó a los voceros del Gobierno Nacional a crear espacios de acercamiento en Caldas con las comunidades que a diario se ven afectadas por los peajes. El Congresista, que promovió la recolección de más de 30 mil firmas de ciudadanos pidiendo la eliminación de tres peajes, sostuvo que es escuchado a la gente, de la mano con los habitantes de las veredas afectadas, que se deben tomar las decisiones
El alcalde de Chinchiná, Carlos Alberto Riveros López, también se sumó al reclamo, recordando que su municipio está rodeado por cinco peajes en un radio de menos de cinco kilómetros. “Somos el único municipio del país con esta situación”, denunció. Explicó que los habitantes de Chinchiná, que dependen de Manizales para trabajo, educación y salud, se ven gravemente afectados por las tarifas.
Uno de los ejemplos más evidentes de inequidad es el caso de los habitantes de La Siria y Santágueda, quienes deben pagar peaje para acceder a su propio corregimiento y llevar productos agrícolas a los mercados de Manizales. Además, la comunidad de Arauca, en Palestina, ha denunciado que el peaje de San Bernardo los aísla económicamente, pues encarece el transporte de insumos y limita la competitividad de sus cultivos.
El modelo de concesión, en entredicho
Uno de los puntos más críticos del debate fue la distribución de los recursos obtenidos por la concesión. El ingeniero José Fernando Botero Calderón denunció que el 75% de la inversión proyectada con la nueva concesión se destinaría al corredor Calarcá-La Paila (ruta clave entre Bogotá y Buenaventura), dejando apenas el 25% para el Eje Cafetero. “Se quiere financiar un proyecto nacional con el dinero de Caldas y Risaralda”, enfatizó, mostrando que las tarifas que pagan los caldenses son hasta seis veces más altas por kilómetro en comparación con otros tramos.
Claudia Pilar Calderón Acuña, vocera del colectivo cívico en defensa de las vías del Eje Cafetero, exigió que se cumpla la Ley 105 de 1993, que estipula que los recursos recaudados por peajes deben invertirse en las zonas donde se generan. Advirtió que, de mantenerse el esquema actual, el desarrollo urbanístico y la infraestructura de Caldas quedarían rezagados frente a otras regiones.
La respuesta del Gobierno
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, reconoció la necesidad de revisar el contrato de concesión y anunció que luego de la Semana Santa se realizarán visitas al territorio para discutir posibles modificaciones.
Por su parte, la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, admitió que el modelo de concesiones viales presenta fallas estructurales y que está en crisis a nivel nacional. Propuso un balance público sobre la gestión de las concesiones para evaluar su desempeño y plantear ajustes. “Este modelo necesita cambios para ser más justo y equitativo”, señaló.
Un camino incierto
El futuro de los peajes en Manizales y Caldas está en manos del Gobierno Nacional, que tendrá que decidir si acepta la propuesta de la IP Conexión Centro o si busca un modelo más equitativo. Mientras tanto, la presión de la comunidad y de sus líderes sigue en aumento. La eliminación o reestructuración de estos peajes podría marcar un hito en la lucha por una infraestructura vial más justa en Colombia.
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