La representante a la Cámara Jennifer Pedraza salió al paso de las críticas del director del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien calificó de inconstitucional el Decreto 488 de 2025, que reglamenta las Entidades Territoriales Indígenas (ETI). En un intercambio de declaraciones a través de la red social X, Pedraza defendió la legalidad de la norma y recordó que su origen se encuentra en la Constitución de 1991, no en una iniciativa del actual gobierno. Gómez, por su parte, aseguró que el decreto crea ocho entidades territoriales indígenas que abarcarían alrededor de 17 millones de hectáreas con autonomía y recursos sin control, vinculándolas además con zonas de presencia de grupos armados ilegales.
La discusión se centra en el Decreto 488 de 2025, que reglamenta la formalización, financiación y jurisdicción especial indígena de las ETI. Para Pedraza, esta reglamentación no es un invento del presidente Gustavo Petro ni un experimento político, sino una obligación del Estado colombiano que viene de largo: recordó que el proceso comenzó antes del actual gobierno, con el Decreto 632 de 2018, expedido durante la administración de Juan Manuel Santos. La representante subrayó que la demora del Congreso en expedir la ley orgánica correspondiente obligó al Ejecutivo a actuar mediante decreto, facultad que, según ella, ha sido respaldada por la Corte Constitucional en sentencias como la C-617, C-054, T-106 y C-477.
El debate jurídico y político
En sus declaraciones, Pedraza fue contundente al señalar que la controversia ya no es jurídica sino política. “La discusión de fondo ya no es jurídica sino política: si estamos dispuestos a cumplir integralmente la Constitución de 1991 o si aceptaremos que algunos de sus mandatos se apliquen selectivamente dependiendo de quiénes sean sus beneficiarios”, afirmó. La representante rechazó las acusaciones de que las ETI sean equiparables a municipios o a un modelo federal, y aseguró que estas entidades están sujetas al control de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y demás organismos de supervisión del Estado.
“Las Entidades Territoriales Indígenas no son de Petro, ni un experimento político, ni mucho menos ‘territorios federales’: son una figura creada por la Constitución de 1991 y su implementación constituye una obligación del Estado colombiano, independientemente del gobierno de turno”.
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara
Por el contrario, Enrique Gómez, quien fue elegido senador, sostiene que el decreto permite al presidente Gustavo Petro crear entidades territoriales sin control y sin aplicación de la Constitución ni la ley. En un video difundido en redes, Gómez afirmó: “¿Puede Gustavo Petro crear un municipio en menos de quince días hábiles y darle todo el territorio que quiera y que ahí no se aplique ni la Constitución, ni la ley, ni el Código Penal, ni las normas generales que rigen los entes territoriales? Sí lo puede hacer. Desde el Decreto 488 de 2025, Gustavo Petro y sus cómplices criminales, el señor Armando Benedetti, han creado por lo menos ocho entidades territoriales indígenas”.
Pedraza calificó estas afirmaciones como desinformación y advirtió que poner en duda la legitimidad de las ETI equivale a cuestionar el pacto constitucional de 1991. La representante insistió en que la jurisprudencia constitucional ha diferenciado claramente entre reglamentar el funcionamiento de las ETI y crear nuevas entidades territoriales, y que el decreto se limita a lo primero. Mientras tanto, Gómez anunció que tomará acciones contra el Gobierno para frenar la implementación de la norma, lo que anticipa una nueva disputa en el Congreso y en los tribunales sobre el alcance de la autonomía indígena en Colombia.
