En una sesión que tensiona la escena política, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por la bancada Dignidad y Compromiso, exigió la renuncia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por bombardeos autorizados por el Gobierno que dejaron como saldo la muerte de menores, entre ellos siete fallecidos en la región de Guaviare. La intervención tuvo lugar en el Salón Elíptico del Congreso, donde la diputada afirmó que estas operaciones son prueba de una inacción gubernamental que debe terminar con responsabilidades políticas bajo la lupa pública.
La diputada sostuvo que el impacto de las acciones militares no se reduce a la pérdida de vidas, sino que coincide con un alarmante incremento del reclutamiento de menores, cifra que, según sus estimaciones, habría aumentado un 160 por ciento. Señaló además que Iris Marín, Defensora del Pueblo, habría emitido hace un año una alerta urgente para exigir al Gobierno medidas frente al avance de disidencias en Guaviare y Calamar, alerta que, afirmó, no fue atendida con la debida contundencia.
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Este hecho se enmarca en antecedentes de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, y en las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco, según la versión oficial del Gobierno. La demanda de renuncia del ministro de Defensa se da en medio de un contexto de críticas por la gestión de la seguridad y el impacto de bombardeos en comunidades rurales, así como por el supuesto aumento del reclutamiento de menores y la denuncia de inacción ante estas violaciones.
«Hace un año, la defensora del Pueblo emitió una alerta urgente pidiéndole al Gobierno que tomara cartas en el asunto, que hiciera algo para frenar el avance de las disidencias, sobre todo en Guaviare y en Calamar. Y no hubo poder humano que lograra que el Gobierno actuara. El reclutamiento de menores ha aumentado en un 160%. Mientras tanto, el presidente se atreve a decir que este fenómeno ha disminuido. Esto es una mentira» – Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, bancada Dignidad y Compromiso
La indignación pública crece y la presión política sobre el Gobierno se intensifica, mientras persisten las dudas sobre la efectividad de las medidas de seguridad y las repercusiones humanitarias de los bombardeos en regiones afectadas por el conflicto, especialmente Guaviare, que ha sido escenario de este trágico saldo de menores fallecidos, y Calamar, señalada como foco de las disidencias en la región.
