Un grupo de abogados penalistas, encabezado por Iván Máttar Cantillo, Juan David Londoño, Santiago Trespalacios y Juan Felipe Amaya, criticó duramente al presidente Abelardo de la Espriella por su participación directa en los megaoperativos policiales y la exhibición de los detenidos en videos oficiales. Este miércoles 28 de octubre, tras la difusión de nuevas grabaciones, los juristas señalaron que la práctica del presidente de encarar a los capturados, llamarlos «bandidos» y «delincuentes» y tratarlos como culpables sin condena judicial, vulnera la presunción de inocencia, la dignidad humana y el debido proceso. En los videos, De la Espriella interpela a personas esposadas y cierra con la frase «Bienvenido a la patria milagro».
Las críticas surgen luego de operativos en Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá. En la capital, se registraron 172 capturas, entre ellas las de los alias «Mailo» y «Picolino», quienes aparecen en las imágenes difundidas por la Presidencia. Los abogados advierten que la exposición pública de los detenidos viola sus derechos y los instrumentaliza como propaganda estatal, sin que ello represente un verdadero acompañamiento a las víctimas de los delitos.
Juan David Londoño fue uno de los más críticos. En su cuenta de X, advirtió que el «show mediático» y expresiones como «bandido», «delincuente», «tiene miedo» o «lleva años extorsionando» pueden «comprometer la legalidad del procedimiento y terminar contaminándolo». Londoño enfatizó que «quien delinque debe responder ante la justicia, pero con apego a las reglas del Estado de derecho» y que «el Ejecutivo no tiene por qué interferir en esos procedimientos». Además, recordó que «la legislación vigente no le otorga al presidente poderes para juzgar por su propia cuenta».
«No puedo esperar a que un juez de garantías valiente declare ilegales esas capturas. El show mediático y expresiones como «bandido», «delincuente», «tiene miedo», «¿no que muy machito?», «lleva años extorsionando» y «bienvenido a la patria, milagro» pueden comprometer la legalidad del procedimiento y terminar contaminándolo»
Juan David Londoño, abogado penalista (vía X)
Iván Máttar Cantillo también manifestó su rechazo y aseguró que los videos de las capturas se acabarán cuando un juez declare ilegal la primera captura por violación del derecho a la dignidad humana. «Lo de los vídeos de las capturas se va acabar cuando declaren ilegal la primera captura porque algún juez caiga en la cuenta que el Derecho a la Dignidad Humana impide la exhibición y el trato degradante de alguien que aún se presume inocente», escribió.
«Lo de los vídeos de las capturas se va acabar cuando declaren ilegal la primera captura porque algún juez caiga en la cuenta que el Derecho a la Dignidad Humana impide la exhibición y el trato degradante de alguien que aún se presume inocente»
Iván Máttar Cantillo, abogado penalista (vía X)
Santiago Trespalacios fue contundente al afirmar que «esas capturas con tratos degradantes violan directamente la Constitución». Citando a su profesor Héctor Vélez, señaló que «a un hombre esposado no se le humilla» y sostuvo que «el presidente de la República no puede ser un humillador». Trespalacios reflexionó sobre el miedo que muestran algunos detenidos y dijo: «Ese miedo no revela un culpable, sino la dimensión del poder que lo está mirando». Recordó que el artículo 188 de la Constitución encarga al presidente garantizar los derechos y el artículo 12 prohíbe tratos crueles o degradantes, por lo que vinculó estas prácticas con posibles tintes totalitarios. «La dignidad humana no se somete a votación», sentenció.
«La dignidad humana no se somete a votación»
Santiago Trespalacios, abogado penalista (vía X)
Juan Felipe Amaya, por su parte, aceptó la «funa» en redes y explicó que el penalista tiene una función contramayoritaria. «Apoyo una política dura contra el crimen, pero el jefe de Estado no debe presentar al capturado públicamente como culpable antes incluso de ser judicializado: viola la presunción de inocencia y el debido proceso», afirmó.
Los riesgos de ilegalidad
Los juristas coincidieron en que las acciones del presidente podrían llevar a que un juez de garantías declare ilegales las capturas, lo que tendría consecuencias graves para los procesos. Trespalacios advirtió que quien tome esa decisión podría ser «perseguido», pero que será defendido por quienes creen en la dignidad humana. Además, señalaron que la exposición pública de los detenidos sin respetar su condición de presuntos inocentes puede contaminar las investigaciones y favorecer la impunidad. La prescindencia de las garantías constitucionales puede derivar en ilegalidades que terminen beneficiando a los delincuentes.
En conclusión, los penalistas hacen un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que se abstenga de interrogar y exhibir a los detenidos públicamente, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Sostienen que la lucha contra el crimen no puede estar por encima de los principios constitucionales, y que el presidente debe recordar que su función es garantizar los derechos, no vulnerarlos mediáticamente.
