En la tarde del sábado 6 de junio de 2026, el periodista y defensor de derechos humanos Cristian Herrera fue asesinado en el sector de Guaimaral, en Cúcuta, Norte de Santander, mientras se dirigía a visitar a sus familiares. Un hombre en motocicleta se le acercó y le disparó en varias ocasiones; tras ser trasladado a un centro médico, Herrera falleció debido a la gravedad de las heridas. El crimen ha desatado una ola de críticas de autoridades regionales y candidatos presidenciales contra el gobierno de Gustavo Petro, a quien señalan de no garantizar la seguridad en las regiones más golpeadas por la violencia.
Herrera era corresponsal regional e integrante de la junta directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Su labor periodística se centraba en documentar la violencia, la corrupción y el crimen organizado en la región del Catatumbo, una de las zonas más complejas del país por la presencia de grupos armados ilegales. Había recibido amenazas de esas organizaciones, y su asesinato es considerado un golpe directo a la libertad de prensa y una evidencia de la crisis de seguridad que azota a las regiones fronterizas con Venezuela.
Reacciones desde el Gobierno regional y la política nacional
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, fue uno de los primeros en pronunciarse. En un mensaje público, manifestó su solidaridad con la familia y colegas de Herrera, y lanzó un duro reclamo al presidente Gustavo Petro. “Por lo menos en los cerca de 60 días que le quedan de mandato, asuma el liderazgo que le corresponde en la seguridad del país”, exigió el mandatario departamental. Díaz añadió que “Colombia no aguanta un asesinato más mientras la violencia sigue arrebatando vidas en nuestras regiones”.
Por su parte, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella condenó el homicidio y responsabilizó directamente al Gobierno Nacional. “Condeno el vil asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta. Todo con la complicidad del gobierno”, afirmó. De la Espriella también arremetió contra “capos y caciques politiqueros” a quienes acusó de continuar prácticas violentas en la región, y prometió que, en caso de llegar a la presidencia, no dará espacio a los perpetradores y restituirá la justicia. “Desde el 7 de agosto estos asesinos recibirán su merecido”, sentenció.
“Rechazamos el asesinato de Cristian Herrera, líder social, defensor de derechos humanos y periodista del Catatumbo. Exigimos una investigación pronta, garantías para el ejercicio periodístico y protección para líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunicadores”.
Leonardo González Perafán, director de Indepaz
Leonardo González Perafán, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se sumó al rechazo generalizado. Según cifras de esa organización, en lo que va de 2026 ya suman 66 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. González insistió en que la violencia contra este sector de la sociedad afecta gravemente la democracia y la convivencia, y pidió medidas urgentes de protección.
Alertas previas ignoradas y el peligro en Cúcuta
La Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas que ya señalaban el riesgo para la ciudad de Cúcuta. La alerta temprana AT 013/25 incluye a la capital de Norte de Santander entre los municipios en peligro por la presencia de organizaciones ilegales, mientras que la AT 027/24 advertía sobre homicidios selectivos, amenazas, control social, reclutamiento de menores, extorsión y restricciones a la movilidad. Pese a estas advertencias, la violencia contra comunicadores y defensores continúa su curso, y el asesinato de Cristian Herrera se convierte en un nuevo episodio de una cadena que no se detiene.
El homicidio de Herrera no solo ha reavivado el debate sobre la seguridad en las regiones, sino que también ha puesto en el centro la responsabilidad del Ejecutivo en la protección de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos en zonas de conflicto. Organizaciones como la Flip han reiterado su llamado al Estado para que garantice condiciones mínimas de seguridad y se investigue a fondo este crimen, mientras la comunidad periodística y las organizaciones sociales del Catatumbo claman por justicia y por el fin de la impunidad que rodea estos asesinatos.
