La Personería de Medellín encendió las alarmas al revelar que la expedición de certificados de discapacidad puede tardar más de doce meses, una crisis administrativa que afecta directamente el acceso a derechos de cientos de personas en el Distrito. El organismo de control, a través de su Observatorio de Familias, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Discapacidad, denunció que los trámites se han convertido en un laberinto burocrático que restringe la posibilidad de acceder a servicios de salud, seguridad social, beneficios sociales y oportunidades laborales para la población más vulnerable.
El personero delegado Elkin Gallego advirtió que la situación es crítica: actualmente hay una lista de espera de 538 personas, más de 3.000 solicitudes pendientes de resolver y un solo profesional encargado de coordinar todo el proceso de certificación para el Distrito. “Se han encontrado barreras profundas en el acceso a los certificados de discapacidad, lo que restringe el acceso a derechos en materia social, laboral y de afiliación al sistema de seguridad social en salud”, señaló Gallego. La reducción drástica en los registros oficiales también prende alertas: mientras en 2020 se contabilizaban 78.562 personas con certificado de discapacidad, para 2026 la cifra cayó a 15.499, una disminución que evidencia fallas estructurales en el sistema de registro.
Desconfianza y temor a estafas agravan la crisis
Las demoras no son solo administrativas. El informe de la Personería revela que 3.774 personas no asistieron a las citas programadas para el trámite, una cifra que refleja desconfianza ciudadana y temor a posibles estafas durante el proceso. A esto se suma que, con un único profesional coordinando la certificación para todo Medellín, la capacidad de respuesta es insuficiente para atender la demanda real. La alerta está dirigida a la Secretaría de Salud y demás entidades responsables, a las que la Personería les recomendó implementar un plan de choque urgente, fortalecer el equipo humano y agilizar la atención para evitar que la garantía de derechos siga siendo una promesa incumplida para las personas con discapacidad.
“Se han encontrado barreras profundas en el acceso a los certificados de discapacidad, lo que restringe el acceso a derechos en materia social, laboral y de afiliación al sistema de seguridad social en salud”
Elkin Gallego, personero delegado
La situación, lejos de ser un problema meramente administrativo, representa un obstáculo real para miles de ciudadanos que requieren el certificado como puerta de entrada a servicios esenciales. La Personería insiste en que sin una solución estructural, la crisis seguirá profundizándose, dejando a cientos de personas en un limbo burocrático que atenta contra su bienestar y su inclusión social.
