La Personería Distrital de Santa Marta solicitó formalmente a las autoridades competentes evaluar la declaratoria de emergencia sanitaria en los barrios El Pando y María Eugenia, luego de que la Secretaría de Salud Distrital confirmara la presencia de contaminación fecal en el agua que reciben los habitantes de estos sectores del sur de la ciudad. El llamado se produce tras múltiples denuncias ciudadanas que alertaron sobre malos olores, alteraciones en la apariencia del líquido, interrupciones constantes en el suministro y problemas de salud asociados al consumo del recurso hídrico.
De acuerdo con la información suministrada por la Personería, más de 60 residentes del barrio María Eugenia se acercaron hasta sus oficinas para exponer sus quejas, lo que motivó la realización de análisis técnicos por parte de la Secretaría de Salud Distrital. Los resultados confirmaron la contaminación fecal en el agua distribuida, lo que representa un riesgo inminente de transmisión de enfermedades infecciosas entre la comunidad.
Contexto de la crisis hídrica en Santa Marta
Esta situación se enmarca en la crisis histórica de abastecimiento de agua potable que enfrenta Santa Marta, con cortes frecuentes, baja presión y dificultades de acceso que afectan a miles de ciudadanos. En el barrio María Eugenia, los habitantes reportaron fallas recurrentes en la estación de bombeo, acumulación de aguas estancadas y proliferación de vectores como mosquitos y roedores. Mientras tanto, en El Pando surgieron advertencias sobre una posible mezcla de aguas residuales con el agua que llega a las viviendas, agravando la preocupación de los vecinos.
Ante este panorama, las autoridades sanitarias recomendaron a la población evitar el consumo directo del agua como medida preventiva, mientras se definen acciones más contundentes. La Personería también solicitó revisar la facturación del servicio de acueducto y alcantarillado para los usuarios afectados, pidiendo que se estudie la suspensión temporal de los cobros, la reliquidación o incluso la devolución económica si se confirma que el suministro no cumplió con los estándares mínimos de calidad. La legislación colombiana contempla mecanismos para revisar los cobros cuando un servicio público presenta fallas graves, por lo que el llamado de la Personería busca garantizar los derechos de los residentes afectados.
