Las autoridades colombianas dejaron en libertad a Jeison Obando Pérez, pescador samario y sobreviviente de un bombardeo a un submarino en aguas del Caribe, que presuntamente habría sido empleado para el tráfico de drogas. La decisión se comunicó el 6 de noviembre de 2025, ante la ausencia de investigaciones ni cargos en su contra, según información proporcionada por NTN24 que cita a la justicia colombiana como fuente de la inexistencia de indicios que respaldaran una acción penal.
El caso se inscribe en un contexto más amplio relacionado con presuntos usos de submarinos para el transporte de cocaína y llega en un momento en que la conversación pública se centra en la necesidad de pruebas sólidas para sustentar las investigaciones. En paralelo, el país registra miles de personas capturadas en lanchas con cocaína incautada que son juzgadas en Colombia, un dato que alimenta el debate sobre los métodos de acción y la importancia de contar con evidencias para avanzar en procesos judiciales.
Reacciones y marco institucional
El presidente Gustavo Petro ha enfatizado que la Fiscalía debe operar con plena independencia del gobierno y solamente investigar cuando exista evidencia suficiente, una postura que cobra relevancia frente a la liberación de Obando Pérez y en medio del debate sobre la arquitectura del sistema de justicia y la necesidad de pruebas para respaldar cualquier cargo en casos de narcotráfico.
«La fiscalía de Colombia, independiente al gobierno, no puede investigar sin la evidencia» – Gustavo Petro, Presidente
«miles de personas que capturamos en lanchas con la cocaína incautada, son juzgadas en Colombia, pero el método de matarlos y no incautar la evidencia, no permite juicios, solo se recoge si acaso cadáveres, sin saber en realidad qué transportaban» – Gustavo Petro, Presidente
Con este marco, la liberación de Jeison Obando Pérez y las declaraciones del presidente alimentan un debate nacional sobre la naturaleza de los procesos judiciales en casos de narcotráfico y la necesidad de evidencias robustas para evitar juicios sin fundamentos y para preservar la confianza en las instituciones.
