Pese a suspensión, Inpec benefició a voceros de Paz Urbana en Itagüí

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Una nueva polémica sacude al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) luego de que se conociera una directiva interna que autoriza condiciones especiales para 16 voceros del proceso de Paz Urbana recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia. El documento, firmado por el coronel Rolando Ramírez, fue emitido 27 días después del escándalo del 8 de abril de 2026, cuando se revelaron lujos, licor y una parranda vallenata dentro del penal, y apenas dos días después de un megaoperativo sorpresa del Inpec que buscaba retirar elementos prohibidos de las celdas.

La directiva transitoria establece un régimen diferenciado para los internos, entre los que se identifican Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; y José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas. A pesar de que el Gobierno nacional había suspendido la interlocución con estos voceros tras el escándalo del 8 de abril, la medida firmada por el coronel Ramírez contradice el discurso oficial de endurecer los controles y eliminar cualquier privilegio dentro de los centros penitenciarios.

Un documento que contradice el discurso oficial

El texto de la directiva, revelado por Noticias RCN, señala que los 16 privados de la libertad estaban relacionados con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, lo que justificaría, según los argumentos del documento, el tratamiento especial. Sin embargo, la aparición de esta autorización interna se da en un contexto de máxima tensión, ya que el megaoperativo sorpresa del Inpec, ocurrido dos días antes, había sido presentado como una acción contundente para recuperar el control del penal y desmontar los beneficios irregulares.

La decisión del coronel Rolando Ramírez deja por escrito el tratamiento especial para estos internos, lo que ha generado fuertes críticas de sectores que advierten sobre la falta de coherencia entre las medidas anunciadas públicamente y las acciones internas. Mientras el Gobierno argumentaba haber suspendido toda interlocución con los voceros de la Paz Urbana, la directiva interna establecía las condiciones diferenciadas para estos 16 reclusos, quienes habían sido señalados como los principales beneficiarios del régimen de lujos que desató el escándalo de abril.

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