En una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Gustavo Petro acusó a Estados Unidos de oponerse a la verificación internacional de la JEP y al capítulo étnico del Acuerdo de Paz, vinculando la decisión de recortar funciones de la Misión de Verificación en Colombia a intereses del uribismo. Durante su intervención y a través de una publicación en X el 1 de octubre, Petro señaló que el Consejo decidió renovar la Misión por un año, hasta octubre de 2026, pero sin los componentes de verificación de sanciones ni del capítulo étnico, lo que a su juicio debilita la supervisión internacional de la implementación de Paz Total. Citó además al expresidente Álvaro Uribe como parte de ese marco de influencia que, según él, condiciona la política exterior de Estados Unidos.
La intervención de Petro se produjo en medio de tensiones recientes con Estados Unidos por la verificación de sanciones de la JEP y del capítulo étnico, elementos clave que el mandatario ha defendido como necesarios para garantizar la justicia y la reparación de comunidades afectadas por el conflicto. En respuesta, la embajadora colombiana ante la ONU, Leonor Zalabata, lamentó la decisión y subrayó que el gobierno había pedido mantener la supervisión de las sanciones y del enfoque étnico dentro del mandato extendido. En Washington, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que Colombia ha sido sacudida por ataques de grupos narco-terroristas contra las fuerzas de seguridad y civiles, un contexto que, a su juicio, justifica una lectura cautelosa de cambios en la verificación. En lo interno, Petro anunció una campaña para desmantelar bandas urbanas mediante una combinación de acción jurídica y policial con acciones sociojurídicas, y aseguró que su gobierno avanza en reformas agrarias como prueba de gestión. Entre sus cifras, destacó que se han ejecutado unas 700 extradiciones durante su administración, la mayoría por narcotráfico, el mayor nivel desde que existe la figura.
La ONU prorroga la Misión de Verificación sin dos componentes clave
La renovación de la Misión de Verificación fue acordada por el Consejo de Seguridad por un periodo de un año, manteniendo el mandato hasta octubre de 2026, pero dejando fuera la verificación de sanciones y el capítulo étnico. Este recorte genera preocupación sobre la continuidad de la presión internacional para la implementación de las condiciones del Acuerdo de Paz y, en especial, del enfoque étnico que afectaba a comunidades históricamente marginadas. Para Petro, se trata de una señal de que la verificación internacional se ha reducido y que esa decisión tiene la huella de intereses políticos y de actores internos vinculados al uribismo, lo que podría afectar la credibilidad de las instituciones colombianas en el marco de Paz Total.
«EE. UU. pide que no se verifique por parte del Consejo de Seguridad la verdad judicial en la JEP, simple petición uribista. Les asusta la verdad a Uribe y los gringos no se preguntan por qué. Les resultaría que están aliados a narcopolíticos y violadores de derechos humanos» — Gustavo Petro, presidente de Colombia
«mentira» — Gustavo Petro, respecto a las críticas de Estados Unidos
«Colombia ha sido sacudida en los últimos meses por ataques de grupos narco-terroristas contra las fuerzas de seguridad y civiles» — Mike Waltz, embajador de EE. UU. ante la ONU
«no hace parte del examen ni del Consejo de Seguridad ni está bajo la opinión del embajador de EE. UU.» — Gustavo Petro, sobre la política de paz
En el contexto más amplio, los antecedentes muestran una fricción persistente entre el gobierno de Petro y Washington respecto a la verificación internacional de sanciones de la JEP y al capítulo étnico, dinámicas que se remontan a etapas previas de la política internacional del país. La noticia llega en un momento en que el país enfrenta retos de seguridad y de implementación de políticas de paz, con un aumento de ataques y de narcotráfico que complica el escenario de Paz Total. Un dato relevante de la coyuntura es que la embajadora Zalabata señaló que el gobierno había pedido mantener la supervisión de sanciones y del enfoque étnico dentro del mandato, subrayando la importancia de estos elementos para la credibilidad y efectividad de la verificación internacional.
