El presidente Gustavo Petro acusó a la empresa Keralty, vinculada al grupo Sanitas, de donar 50 millones de pesos a la campaña de Fabio Aristizábal, quien después se convirtió en superintendente de salud durante el gobierno de Iván Duque. La revelación se hizo pública el 19 de noviembre mediante una publicación en la cuenta de X del propio Petro, en momentos en que el consejo de ministros se reunía; al día siguiente, Keralty emitió una respuesta a través de la misma red. La información aparece en una nota de Colprensa, que funge como fuente inicial.
La disputa forma parte de antecedentes de tensiones entre Petro y el grupo Keralty, así como de debates sobre la relación entre el sector salud y la política en Colombia, especialmente en torno a la EPS Sanitas. Este incidente cobra relevancia ahora porque la denuncia pública resalta la posibilidad de financiamiento de campañas por actores privados y la eventual influencia que podrían ejercer sobre decisiones administrativas en salud.
La acusación reabre el debate sobre la independencia de las autoridades de salud
La acusación busca cuestionar la independencia de autoridades sanitarias y la excesiva influencia de actores privados en la política, señalando que Aristizábal, exsuperintendente de Salud durante la administración de Iván Duque, estaría ligado a estos movimientos. Este componente contextualiza el interés público en torno a la forma en que se financian las campañas y cuánto impacto puede tener ese financiamiento en designaciones clave del sector salud.
«La empresa Keralty, Sanitas, donó 50 millones de pesos a la campaña de Fabio Aristizábal que después se convirtió en superintendente de salud de Duque. Está prohibido que extranjeros donen a campañas políticas. Para mí ha sido un principio permanente, no solo porque está prohibido por nuestra constitución, sino porque es venderse a intereses extranjeros» – Gustavo Petro, Presidente
La publicación y la réplica han encendido el debate público sobre transparencia en el financiamiento de campañas y sobre la posible influencia de actores privados en decisiones reguladoras de salud. Fuentes como Colprensa señalan que el hecho tiene un contexto político relevante y podría generar nuevas preguntas sobre la independencia institucional en Colombia.
