El presidente Gustavo Petro desató una crisis política interna al acusar públicamente a su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, de “traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad” por la adjudicación de una planta de gas en la Sierra Nevada de Santa Marta. La polémica se centra en la ubicación del proyecto, en la zona conocida como “línea negra”, un área de especial protección ambiental considerada sagrada por las comunidades indígenas que está protegida por decreto presidencial. Petro publicó el mensaje en sus redes sociales luego de conocerse los resultados de la subasta realizada durante su gobierno, en la que resultó beneficiada la empresa Nencol, cuyo representante legal es Jorge Manuel Urbano del Cristo Castellanos Gómez, un empresario cartagenero de 71 años que también es conocido como George Castellanos.
En su defensa, el ministro Edwin Palma respondió asumiendo la responsabilidad política de la subasta y sus resultados, pero aclarando que el Ministerio de Minas y Energía “no autoriza ni aprueba proyectos individuales, menos en una subasta y menos proyectos de gas”. Palma explicó que la subasta fue convocada por la compañía Greg y auditada por XM, y que el gobierno Petro ha realizado tres subastas de reconfiguración, dos de expansión, y una de renovables que está pendiente, en contraste con el período entre 2011 y 2019 en el que no se realizó ni una sola subasta de gas. La controversia se agravó cuando el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, se sumó a las críticas con un mensaje directo: “Ojo están traicionando el proyecto progresista. Ministro Edwin Palma, ¿quién autorizó esto? Presidente Gustavo Petro, urgente revertir esta barbaridad”.
La sombra del empresario y las tensiones en el Pacto Histórico
La figura de Jorge Castellanos agregó más leña al fuego. El empresario, que fue directivo en Termocol —empresa sancionada por la Contraloría General de la República—, es el representante legal y accionista principal de Nencol, sociedad constituida en febrero de 2016 que reporta activos de apenas 67 millones de pesos. La compañía tiene accionistas que incluyen firmas inmobiliarias con influencia regional, aunque no se han detallado los nombres. Castellanos no respondió a consultas sobre posibles pagos indebidos vinculados a la adjudicación, mientras que el Ministerio de Minas criticó la circulación de información “inexacta y antitécnica” sobre el proceso. La subasta en cuestión busca garantizar el suministro de energía para los años 2029 y 2030, y en la misma semana se dio una reunión privada en la Casa de Nariño entre Petro y Palma que no logró calmar los ánimos.
“Eso es una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“Señor presidente, yo respondo políticamente por la subasta y sus resultados”
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
Este episodio evidencia las profundas tensiones internas en el Pacto Histórico y las acusaciones de “fuego amigo” que circulan entre funcionarios del mismo gobierno. Petro considera que la ubicación de la planta de gas en la Sierra Nevada es una afrenta directa a la vida, y sugiere que detrás de la adjudicación hay intereses económicos que chocan con el discurso progresista de su administración. Mientras tanto, el ministro Palma insiste en la transparencia del proceso y la necesidad de aumentar la oferta energética del país, en un momento en que Colombia enfrenta desafíos en su transición hacia fuentes más limpias.
