En un Consejo de Ministros convocado el 12 de febrero de 2026 para abordar la emergencia por las intensas lluvias en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre un inminente aumento en los precios de los productos de la canasta familiar a partir de junio de 2026, atribuido a los efectos prolongados de la ola invernal que afectará la ganadería, la agricultura y la oferta de alimentos en varias regiones del país. Durante la reunión, el mandatario confirmó la creación de un nuevo impuesto sobre el patrimonio líquido de las grandes empresas, presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como medida para financiar los 8 billones de pesos necesarios para enfrentar la crisis.
La ola invernal ha dejado ya 140.000 personas afectadas en Córdoba y 450.000 cabezas de ganado impactadas, según datos del Fondo Nacional del Ganado, lo que agrava la situación y podría extenderse a otras zonas con escasez de alimentos desde el segundo semestre de 2026. Esta declaración se enmarca en la nueva emergencia económica y social decretada por el Gobierno tras la suspensión por parte de la Corte Constitucional del decreto del 22 de diciembre de 2025, que inicialmente contemplaba 16 billones de pesos. El impuesto, que aplica solo a empresas con patrimonio líquido superior a 10.000 millones de pesos —entendido como el valor después de restar deudas—, excluye explícitamente a micro, pequeñas y medianas empresas, y sería revocable si la Corte revoca su decisión previa.
Detalles del nuevo gravamen y proyecciones económicas
El esquema de tasas del impuesto, detallado por el ministro Ávila, establece ejemplos como el 0,6% para patrimonios líquidos entre 10.000 y 31.000 millones de pesos, dirigido específicamente a las compañías más ricas y no endeudadas, como medida paralela e inmediata para obtener fondos contra la crisis invernal. Petro aclaró que esta tributación efectiva podría llegar, por ejemplo, al 21% en el sector bancario, y enfatizó que no afecta a todas las empresas, sino solo a las más grandes, contraponiéndose a insinuaciones periodísticas.
«La prensa en sus titulares insinúa que todas las empresas van a pagar el impuesto, el nuevo impuesto. Resulta que estamos hablando de las más grandes».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El presidente Petro describió la emergencia como un fenómeno prolongado que complicará incluso los periodos de verano por altos niveles freáticos en los suelos, dificultando cultivos y afectando la oferta alimentaria. Además, condicionó la permanencia del impuesto a la decisión judicial: si la Corte Constitucional suspende la suspensión previa, se reactivaría el decreto original, prefiriendo gradualmente transitar hacia impuestos sobre personas naturales ricas para liberar a las empresas.
«La situación de emergencia… va a ser larga. Afectando incluso a otras regiones. Hay que tratar de hacer los mapas de las lluvias normales. En junio en adelante viene el verano y tendremos agua, territorios con alto nivel freático, difíciles de cultivar. y entonces va a haber una afectación a la oferta de alimentos».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Ahora, si la… Corte Constitucional suspende la suspensión, entonces no necesitamos el impuesto a empresas, sino que vuelve a regir lo que ya estaba en el decreto de emergencia, que, en mi opinión, es mejor irse traspasando, no se puede hacer de la noche a la mañana, a los impuestos a personas naturales muy ricas, que los impuestos a empresas que deben ser más libres».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Esta medida busca mitigar los impactos de una crisis que ya se perfila como una de las más severas en años, con el Gobierno priorizando la contención inmediata mientras se ajustan las estrategias fiscales ante los vaivenes judiciales y climáticos.
