El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una advertencia contundente durante el Consejo de Ministros del 21 de abril de 2026, al afirmar que incrementará nuevamente el salario mínimo si la Junta Directiva del Banco de la República insiste en elevar las tasas de interés, que actualmente se encuentran en 11,25 por ciento. Esta declaración busca proteger la economía familiar invocando el principio constitucional del salario vital y móvil, rechazando la idea de que los recientes aumentos salariales cercanos al 23 por ciento sean los responsables de la inflación, que en marzo alcanzó el 5,56 por ciento anual según el Dane.
Petro criticó la influencia uribista en la Junta del Banco de la República y atribuyó la inflación principalmente a empresas energéticas como Enel y Urra, en un contexto donde unos 2,4 millones de trabajadores perciben el salario mínimo y proyecciones para la inflación en 2026 oscilan entre el 4,3 y el 5 por ciento. Esta postura genera preocupación por posibles impactos como la pérdida de hasta 600.000 empleos formales, según Fedesarrollo, y la postergación de pensiones para unas 15.000 personas.
Reacciones de la oposición y el sector privado
La representante a la Cámara por Alianza Verde, Katherine Miranda, tildó de desesperada e irresponsable la posición del Gobierno, sugiriendo que un nuevo aumento salarial antes de elecciones podría servir para tapar escándalos y romper el techo del 37 por ciento establecido por Cepeda. Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional y de Acolgen, defendió la autonomía del Banco de la República y el marco legal para la fijación del salario mínimo, regulado por criterios técnicos como productividad, inflación y empleo formal.
“si en la Junta siguen esa tontería, pues subimos otra vez el salario”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“el salario vital no está creando la inflación”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gutiérrez expresó profunda inquietud por los incrementos salariales recientes sin sustento técnico en productividad y empleo, advirtiendo que un nuevo alza agravaría la postergación de pensiones y podría rebajar la calificación crediticia del país, según Standard & Poor’s. Estas declaraciones subrayan los riesgos a la institucionalidad económica, con la política monetaria obligada a preservar la estabilidad de precios de manera autónoma y libre de interferencias.
“este gobierno está tan desesperado y es tan irresponsable, que no es raro que sea capaz de subir nuevamente el salario mínimo antes de elecciones para tapar sus escándalos y romper el techo de 37% de Cepeda”
Katherine Miranda, representante a la Cámara
“La autonomía del Banco de la República y el respeto al marco legal para fijar el salario mínimo no son opcionales, son pilares constitucionales fundamentales para garantizar la estabilidad económica. Por ello, preocupan profundamente recientes planteamientos que los ponen en riesgo y que envían una señal indebida de presión sobre la institucionalidad”
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional
El debate pone en jaque la delicada balanza entre protección social y estabilidad macroeconómica, con el Gobierno insistiendo en medidas para contrarrestar presiones inflacionarias ajenas al salario, mientras el sector privado y la oposición alertan sobre un mayor deterioro del empleo formal y la confianza inversionista.
“la política monetaria responde al mandato constitucional de preservar la estabilidad de precios y debe ejercerse con plena autonomía, libre de interferencias. Cualquier intento de condicionarla o presionarla vulnera ese diseño”
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional
“la fijación del salario mínimo está regulada por criterios técnicos, tales como productividad, inflación y empleo”
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional
