El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una advertencia desde la Casa de Nariño sobre el riesgo de fraude electoral en las elecciones de 2026, cuestionando la transparencia en el manejo de datos ciudadanos y escrutinios, en un pronunciamiento público citado por la Revista Semana. El mandatario expresó inquietudes reiteradas ante las instituciones, considerando insuficientes las respuestas de órganos como el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Procuraduría, y alertó que si los mismos actores privados que gestionan la información personal de los colombianos controlan también los procesos de votación, el país enfrentaría un inmenso peligro.
Petro hizo énfasis en irregularidades detectadas en elecciones pasadas, recordando una decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones al Senado de 2014 y alegatos de fraude en los comicios de 2022 contra el Pacto Histórico, donde se demostraron manipulaciones judicialmente probadas que afectaron su candidatura y la del movimiento. Estas prácticas, según el presidente, involucraron modificaciones directas en los votos del Pacto Histórico y del propio Petro, disminuyendo su votación, y persisten como amenaza para las próximas elecciones del 8 de marzo de 2026, cuando se disputarán 103 curules en el Senado y 183 en la Cámara de Representantes.
Alerta por continuidad de fraudes probados
El jefe de Estado ha planteado estas preocupaciones en ocasiones previas, cuestionando las afirmaciones del procurador, el registrador y el fiscal general sobre supuestas mejoras en el sistema electoral implementadas desde hace 30 años, las cuales no han disipado sus dudas sobre la integridad del proceso.
«Si son los mismos, estamos en un inmenso peligro de fraude electoral».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«¿Las personas que hoy, privadamente, manejan los datos de los y las colombianas son los mismos que manejan los escrutinios?».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Petro insistió en que lo fraudulento hallado por la justicia, no por su iniciativa personal, sigue vigente desde 2022 y espera que no se repita en 2026, afirmando poseer pruebas de su aplicación contra él y el Pacto Histórico, lo que pone en jaque la confianza en el sistema democrático colombiano de cara a los próximos comicios legislativos.
