En Bogotá, Gustavo Petro, presidente de Colombia y exmiembro del Movimiento 19 de Abril (M-19), afirmó ante la Comisión de la Verdad que la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, fue para su movimiento una demanda armada y que el Gobierno de Belisario Betancur traicionó al grupo. Petro señaló que existía una tregua con el Gobierno que habría sido incumplida y que el objetivo político era construir un país democrático desde una perspectiva liberal. Añadió que la balística revisada sugiere que las balas que mataron a los magistrados no eran del M-19 y afirmó, además, que no hubo dinero del narcotráfico para la operación; durante la toma se habría buscado presentar documentos como parte de la acción.
La declaración, difundida por Colprensa y Reuters y citada por Luisa González, llega en un momento en que se reabre el escrutinio histórico sobre este episodio. Entre los antecedentes se cuenta la toma de la Embajada de la República Dominicana y la ruptura de una tregua entre el M-19 y el Gobierno, de la que Petro sostiene que no hay responsabilidad exclusiva del movimiento. En su intervención, el exguerrillero sostuvo que las balas utilizadas y el marco de la operación deben interpretarse dentro de un contexto político orientado a avanzar hacia una democracia liberal, y negó que hubiera financiamiento del narcotráfico para la acción. En este marco, afirmó que había trascendido la intención de presentar documentos como parte de la acción para sustentar su demanda armada y que ello forma parte de una estrategia para esclarecer la memoria histórica ante la Comisión de la Verdad. Las cifras oficiales reportan 94 muertos, mientras que voces militares retiradas han elevado el conteo a 105 o 115, y la Procuraduría indica 95 cadáveres encontrados, con 76 identificados, dejando un rango de fallecidos entre 90 y 115.
Petro ante la Comisión de la Verdad: una revisión de memoria, balística y traición
El testimonio de Petro ante la Comisión de la Verdad no solo rememora el pasado, sino que busca reconfigurar la lectura histórica de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país. Sostiene que la toma de la sede judicial tuvo una finalidad política y que, desde su visión, no hubo financiamiento del narcotráfico para la operación; además, afirma que la balística podría contradecir versiones que responsabilizan exclusivamente a la guerrilla. En su relato, la toma y la posterior toma de la Embajada de la República Dominicana se inscriben en un intento por presentar documentos que contextualicen la acción y la cataloguen como una demanda armada para avanzar en un proceso político.
«El M-19 entendía que el objetivo político era construir un país democrático, democrático desde el punto de vista liberal» – Gustavo Petro, Presidente de Colombia
«Es absolutamente impensable que unos meses después o unos años después todo lo que hizo lo deshiciese con su propia vida haciendo un operativo pagado por el narcotráfico, eso es imposible. Guillermo Elvencio Ruiz no era el hombre para eso, y era el cuarto comandante del Palacio» – Gustavo Petro, Presidente de Colombia
Este desarrollo llega en un momento en que Colombia continúa debatiendo la memoria histórica y la responsabilidad de actores variados en una de las épocas más crudas de su vida institucional. Desde Manizales, La Veintitrés cubre el tema con el objetivo de aportar claridad a la memoria pública y contextualizar las declaraciones del presidente, exmiembro del M-19, en el marco de una Comisión de la Verdad que busca dilucidar responsabilidades y comprender la compleja historia de la confrontación política de esa década.
