El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este 15 de febrero, durante una alocución presidencial, la inclusión del concepto de “salario vital” en un nuevo decreto transitorio destinado a defender el aumento del salario mínimo para 2026 ante el Consejo de Estado, tras la suspensión provisional del decreto original emitida por ese tribunal el 13 de febrero. Este aumento establece el salario mínimo en dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, lo que beneficia directamente a 2,4 millones de trabajadores en el país.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, participarán en la mesa de concertación programada para el 16 de febrero con empresarios y representantes de los trabajadores, donde se discutirán aspectos clave como la tasa de interés del Banco de la República, que el Gobierno considera un factor que afecta la economía nacional. Petro atribuyó la inflación de enero, que alcanzó apenas el 0,25 por ciento, a la elevada tasa de interés, la escasez de alimentos debido a la estación seca y el alza en el precio de la carne de res, descartando cualquier impacto directo del aumento salarial del 23,7 por ciento decretado previamente.
Urgencia en la respuesta judicial y económica
El Consejo de Estado otorgó al Gobierno un plazo de ocho días para expedir este decreto transitorio, aunque la revisión completa del caso demorará más de ese tiempo, lo que obliga a una medida rápida para sostener el incremento salarial. Esta suspensión provisional ha generado tensiones en el ámbito laboral y económico, ya que el nuevo marco busca explicar y justificar el aumento ante los magistrados, integrando el “salario vital” como elemento central para argumentar su necesidad en el contexto colombiano.
La discusión en la mesa de concertación no solo abordará el salario mínimo, sino también las implicaciones de la política monetaria del Banco de la República, cuya tasa de interés ha sido señalada por el Ejecutivo como un obstáculo para el crecimiento y la estabilidad de precios, en medio de un panorama donde el Gobierno busca equilibrar los intereses de trabajadores y empresarios para avanzar en la reforma laboral y económica del país.
