El expresidente Gustavo Petro anunció este jueves 5 de noviembre, a través de su cuenta en la red social X, que demandará la Ley 2640, conocida como Ley de Sometimiento, al considerar que otorga beneficios a narcotraficantes y la calificó como un «alcahuetamiento de narcos». La norma fue sancionada un día antes, el miércoles 4 de noviembre, por el presidente Abelardo de la Espriella, quien defendió la iniciativa como un mecanismo para que los criminales se sometan a la justicia. Petro dio instrucciones a su abogado para radicar la demanda ante las autoridades, argumentando que la ley es inconstitucional y representa una rebaja de penas para quienes llenaron de sangre al país.
En su cuenta de X, el exmandatario lanzó duras críticas al gobierno y al presidente De la Espriella, señalando que mientras las redes se ocupan de supuestas vidas íntimas, el oficialismo firmó una ley que beneficia a los narcotraficantes. «Mientras las redes se ocupan de la supuesta vida íntima de las personas, el gobierno firmó la ley que rebaja las penas a los narcotraficantes. Beneficios para quienes llenaron de sangre a Colombia, más impuestos para los pobres y los trabajadores asalariados, y más privilegios para los más ricos», escribió Petro. Además, cuestionó a quienes reproducen imágenes de la intimidad de las personas para ganar discusiones políticas, preguntándose si eso es periodismo o no. Petro afirmó que ningún vídeo va a ocultar la indignación popular y que la ley no pasará el examen de la Constitución.
Contenido y trámite de la ley
La Ley 2640 modifica disposiciones de la Ley de Orden Público y prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, estableciendo un marco jurídico para el desmantelamiento de organizaciones criminales mediante sometimiento a la justicia, sin reconocer estatus político ni permitir negociaciones. La norma exige, para acceder a beneficios, una colaboración eficaz con la justicia y la entrega de bienes ilícitos, y advierte que se perderán los beneficios si se oculta información sobre personas desaparecidas. Entre los beneficios contemplados, se establecen penas mínimas de 10 años de privación efectiva de libertad para cabecillas y 6 años para colaboradores, con reducciones de hasta el 50% para integrantes de base y hasta el 30% para mandos, sujeto a condiciones.
La ley fue aprobada en el Congreso con amplias mayorías: en el Senado obtuvo 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que en la Cámara de Representantes fue de 95 votos a favor y 10 en contra. Durante el trámite, la Cámara reabrió los artículos 2 y 25 para aprobar un texto idéntico al del Senado y evitar una comisión de conciliación. El representante Jaime Raúl Salamanca Torres (Alianza Verde) señaló que varias proposiciones fueron aceptadas, como la posibilidad de investigar a terceros señalados sin esperar condena del informante y la limitación de la facultad reglamentaria del Ejecutivo a aspectos operativos. Sin embargo, advirtió que quedaron pendientes aspectos sobre recursos y plazos para reparación de víctimas, y garantías frente a presiones en libertad condicional.
«¡SE ACABÓ LA FALSA PAZ! ¡EN COLOMBIA LOS CRIMINALES SE SOMETEN A LA JUSTICIA, NO EL ESTADO A LOS CRIMINALES!»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
El presidente De la Espriella defendió la ley asegurando que quienes se acojan deberán confesar crímenes, reparar víctimas, entregar fortunas ilegales y responder ante la justicia. La norma incluye además programas de tránsito a la legalidad coordinados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con participación de los ministerios de Trabajo y Educación, así como del Sena. Petro, por su parte, insistió en que la ley no tiene futuro y que su demanda ante las autoridades constitucionales busca frenar lo que considera una cesión ante el crimen organizado. El pulso entre el expresidente y el gobierno queda ahora en manos de la justicia.
