En un discurso pronunciado durante la inauguración de un hospital en Timbío, Cauca, el martes 12 de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció una denuncia penal contra el magistrado ponente del Consejo de Estado, Juan Enrique Bedoya Escobar, por suspender el traslado de 25 billones de pesos de fondos privados a Colpensiones, medida contemplada en el Decreto 415 de 2026. Petro acusó al magistrado de prevaricato al impedir la entrega de ahorros de más de 117.000 afiliados, y calificó de “ladrón” al director de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco, por no cumplir con la obligación de transferir esos recursos, argumentando que se violan los derechos de los ahorradores y la Convención de Basilea ratificada por Colombia.
La decisión judicial del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el decreto para proteger los derechos de los afiliados a fondos privados, generó un fuerte enfrentamiento con el Ejecutivo, dejando en un limbo jurídico tanto la reforma pensional como la situación de miles de pensionados que esperaban el traslado de sus ahorros. Este es el primer caso en el cuatrienio de Petro en el que se solicita directamente una denuncia penal contra un magistrado por una providencia, lo que ha avivado tensiones previas entre el Gobierno y las altas cortes por fallos adversos.
Declaraciones incendiarias del presidente
Petro enfatizó en su intervención que el magistrado y sus allegados cometen un delito al bloquear el traslado de los ahorros entregados por los actuales pensionados al pasarse a Colpensiones, ordenando la denuncia como le corresponde por ley.
«El magistrado y sus amigos, que dicen que no se puede trasladar el ahorro que entregaron los actuales pensionados de Colombia al trasladarse a Colpensiones, está cometiendo un delito y he ordenado su denuncia como me corresponde por la ley».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El mandatario insistió en que el deber de un banquero, bajo la Convención de Basilea, es custodiar y entregar el ahorro con su tasa de interés pactada, calificando el impedimento judicial como un «poder ilegítimo y tiránico».
«El deber de un banquero que ratifica, como Colombia lo hizo, la Convención de Basilea, es que el ahorro no es del banquero, es del ahorrador o ahorradora, que debe cuidarlo y que debe entregarlo con su tasa de interés pactada».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«impedir el traslado de esos recursos es un poder ilegítimo y tiránico».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Reacciones institucionales y alertas internacionales
La controversia ha provocado respuestas inmediatas de diversas entidades. La Sección Segunda y la Sala Plena del Consejo de Estado, junto con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), han rechazado las acusaciones, recordando que el control judicial de los actos del Ejecutivo es una garantía esencial de la democracia. El presidente del Consejo de Estado subrayó esta posición.
«el control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías».
Presidente del Consejo de Estado
El procurador Gregorio Eljach también se pronunció, mientras la CEJ anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU para denunciar amenazas a la independencia judicial. Por su parte, el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, Hermens Lara, comparó la situación con casos en México, Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde gobiernos han intentado presionar a las cortes, alertando sobre un posible deterioro institucional en Colombia.
Este nuevo pulso entre el Ejecutivo y el poder judicial profundiza las divisiones en torno a la reforma pensional, con implicaciones que podrían extenderse más allá de los 25 billones de pesos en juego, afectando la confianza en el sistema de pensiones y el equilibrio de poderes en el país.
