El expresidente Gustavo Petro ha anunciado una denuncia penal por calumnia contra María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, luego de que ella lo acusara públicamente de ordenar el asesinato del congresista en complicidad con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. La acción legal, solicitada por Petro a través de su cuenta en la red social X, fue confirmada por su abogado Alejandro Carranza, quien señaló que el proceso inició formalmente. Sin embargo, la defensa de Tarazona, liderada por el abogado Víctor Mosquera Marín, rechazó la medida calificándola de intimidación y anunció que emprenderán todas las acciones legales necesarias para proteger los derechos de la viuda y su familia.
El origen de esta nueva disputa judicial se remonta al pasado 17 de noviembre de 2026, durante el Primer Simposio de Seguridad realizado en Bogotá. En ese evento, María Claudia Tarazona declaró que Gustavo Petro, junto con el régimen del dictador Nicolás Maduro, fueron quienes dieron la orden para matar a Miguel. Esas afirmaciones, que la viuda acompañó con la frase «no puede haber delincuentes con salvoconducto para delinquir», llevaron al expresidente a solicitar una respuesta legal inmediata, lo que desencadenó un nuevo frente entre el mandatario y la familia del senador asesinado.
Reacción de la defensa de Tarazona
En un comunicado de cuatro páginas emitido el 18 de noviembre, el abogado Víctor Mosquera Marín, representante de la familia Uribe Turbay, rechazó categóricamente la denuncia presentada por Petro. Según el jurista, exigir verdad y justicia no puede convertirse en motivo de intimidación para las víctimas, por lo que adelantarán todas las acciones legales necesarias para proteger los derechos de María Claudia Tarazona y su familia, actuando frente a cualquier conducta que pretenda vulnerarlos. La defensa también presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra Gustavo Petro por presunto hostigamiento a la familia Uribe Turbay, radicada con el número 20251000422001492 y expediente 6991.
Entre los puntos que la defensa de Tarazona busca esclarecer se encuentra la suspensión de las órdenes de captura contra José Aldinever Sierra Sabogal, alias «Zarco Aldinever», miembro de la Segunda Marquetalia y presunto autor material del crimen. Además, exigen investigar las fallas en el esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que, según ellos, facilitaron el atentado. Tarazona ha señalado directamente a alias Enrique Marulanda y Simeón Pérez Marroquín, conocido como «El Viejo», como los coordinadores operativos del plan en Bogotá, quienes habrían recibido recursos desde Venezuela para llevar a cabo el asesinato.
«Exigir verdad y justicia no puede convertirse en motivo de intimidación para las víctimas. Por ello, emprenderemos todas las acciones legales necesarias para proteger los derechos de María Claudia Tarazona y su familia, y actuaremos frente a cualquier conducta que pretenda vulnerarlos.»
Víctor Mosquera Marín, abogado de la familia Uribe Turbay
Mientras tanto, la Fiscalía continúa rastreando las rutas de financiación del ataque, que estarían vinculadas a la minería ilegal y a contactos con cabecillas de grupos armados. Este nuevo capítulo judicial amenaza con reavivar las tensiones políticas en Colombia, donde el asesinato del senador Uribe Turbay sigue siendo un caso sin resolver que genera controversia y exigencias de justicia por parte de sus familiares y allegados.








