En la noche del lunes 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció un aumento del 23,7% al salario mínimo legal vigente en Colombia para 2026, fijándolo en dos millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte, durante un discurso pronunciado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en Bogotá, en el marco de una ceremonia de ascensos y presentación de oficiales generales. Esta decisión, adoptada de manera unilateral por el Gobierno Nacional omitiendo el diálogo tripartito en la Comisión de Concertación, generó inmediatas críticas de figuras políticas como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora María Fernanda Cabal y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), liderada por Bruce Mac Master, así como del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón.
El anuncio presidencial se enmarcó en la defensa de la dignidad laboral y el concepto de salario vital consagrado en la Constitución Política, un mandato que, según el ministro del Trabajo Antonio Sanguino, no se había aplicado en Colombia durante 34 años y que ahora se lleva a la mesa de concertación para garantizar el bienestar de las familias trabajadoras. Sin embargo, la medida ha encendido el debate sobre sus impactos económicos, en un contexto de informalidad laboral que supera el 55% y donde cada uno por ciento de incremento salarial genera un gasto público adicional de aproximadamente 400 mil millones de pesos, con riesgos de inflación, desempleo, pérdida de competitividad y presión sobre las finanzas públicas.
Reacciones de rechazo desde la oposición y el sector empresarial
La mañana del martes 30 de diciembre, Álvaro Uribe Vélez publicó tres mensajes en la red social X cuestionando duramente la iniciativa. El expresidente acusó al Gobierno de endulzar el oído de los trabajadores mientras les amarga la vida, y señaló que hay ladrones impunes que no han creado un empleo pero en el poder lo destruyen. Además, ironizó sobre la tesis de la economía científica de Petro, afirmando que confirma que fue el profesor de Chávez y que consultaría a economistas del empleo para responder más adelante.
«Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida»
Álvaro Uribe Vélez, expresidente
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático comparó la política con las acciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, advirtiendo que subir salarios sin producir más no genera riqueza sino que la elimina, y que anuncia aumentos mientras destruye la economía, disfrazando el populismo de justicia social que solo genera inflación, desempleo y pobreza. Cabal compartió un video de Chávez decretando un aumento del 30% al salario mínimo venezolano para reforzar su argumento.
«Subir salarios sin producir más no genera riqueza, sino que la elimina. ¿No lo creen? vean lo que Chávez y Maduro hicieron con Venezuela»
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático
La Andi, a través de un comunicado, lamentó la omisión del proceso de diálogo social tripartito y el contexto de emergencia económica declarada, mientras Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial por Verde Oxígeno, alertó que el aumento del 23% pone en riesgo el empleo formal de millones de colombianos y empuja a más personas a la precariedad en un país que necesita más empleo formal y menos improvisación.
«el aumento del salario mínimo en 23% puede sonar bien, pero en la realidad pone en riesgo el empleo formal de millones de colombianos. Con una informalidad que ya supera el 55%, esta decisión puede empujar a más personas a la precariedad. Colombia necesita más empleo formal, no más improvisación»
Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial por Verde Oxígeno
Defensa gubernamental ante las críticas
Frente al rechazo, el ministro Antonio Sanguino celebró la medida como un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias, reafirmando el compromiso presidencial con la defensa de los trabajadores en un escenario de bajos niveles de desempleo y pobreza.
«un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias»
Antonio Sanguino, Ministro del Trabajo
Este anuncio cierra un año cargado de tensiones económicas y políticas, donde el Gobierno busca equilibrar la justicia social con la estabilidad macroeconómica, mientras la oposición y los empresarios advierten sobre posibles consecuencias adversas en el empleo y la productividad nacional.
