El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el pasado 23 de diciembre que el Gobierno Nacional definirá mediante decreto presidencial el salario mínimo legal vigente a partir del 1 de enero de 2026, adoptando por primera vez un modelo de salario mínimo vital que lo acercará aproximadamente a los 1.800.000 pesos. Esta medida se materializará con la expedición del decreto entre el 29 y el 30 de diciembre, tras el vencimiento del plazo de concertación el 15 de diciembre sin que se lograra un acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
La decisión beneficia directamente a unos 2,2 millones de trabajadores en todo el país y se fundamenta en el artículo 53 de la Constitución Política, que establece remuneraciones mínimas, vitales y móviles, así como en la Ley 278 de 1996 y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de garantizar un nivel de vida adecuado para el trabajador y su familia.
De la tradición al salario vital: un giro en la política salarial
Este cambio implica pasar del salario mínimo tradicional, determinado históricamente por inflación y productividad, a un modelo vital que considera la canasta mínima esencial para cubrir gastos como alimentación, educación, salud y otros rubros clave recomendados por la OIT, con ajustes posibles por inflación y diferencias regionales. La ausencia de consenso en la concertación salarial dejó la definición en manos del Ejecutivo, promoviendo así la equidad en la distribución económica, la formalización laboral y un mayor poder adquisitivo para los hogares colombianos.
«el salario es familiar, no individual, y ese concepto va en el decreto»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Con esta iniciativa, el Gobierno busca dignificar el trabajo y responder a las necesidades reales de las familias, marcando un hito en la evolución de las políticas laborales del país y sentando las bases para una remuneración más justa y sostenible en el mediano plazo.
