Las operaciones de bombardeo en Colombia requieren autorización directa del presidente Gustavo Petro y de altos mandos militares, tras un riguroso proceso de planificación y evaluación para minimizar daños a la población civil. En la sala de crisis de la Casa de Nariño, en Bogotá, 18 de noviembre se dio luz verde a una acción contra grupos armados ilegales luego de revisar inteligencia, verificar la presencia ilegal y expedir un dictamen jurídico que garantiza el cumplimiento del marco del Derecho Internacional Humanitario y, sobre todo, la salvaguarda de la población civil.
El proceso implica una coordinación estrecha entre inteligencia, evaluación operacional y verificación legal. Se analizan mapas de presencia ilegal, se evalúan prioridades y se deciden las posibles acciones, incluidos bombardeos. Para la selección de la aeronave se requieren datos aéreos y de inteligencia terrestre sobre movimientos, número de miembros y distribución de los campamentos. En la práctica, las Fuerzas Militares suelen usar Tucano y Super Tucano por su maniobrabilidad; para mayor precisión se emplean bombas guiadas desde aviones Kfir, cuyo despliegue está restringido por su estatus de seguridad nacional. Se privilegia la munición de menor impacto fuera del objetivo: 250 lb (Mark-81), con posibilidad de 500 lb (Mark-82) o 1.000 lb (Mark-83) en casos excepcionales. Una fuente informada por Cambio señala que el excomandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales participa en la revisión y subraya que el análisis es minucioso desde la planificación hasta la ejecución.
Determinantes del proceso y salvaguardias
Las deliberaciones se realizan en la sala de crisis de la Casa de Nariño, usualmente los lunes, con la participación del presidente, el ministro de Defensa y altos mandos. Allí se revisan mapas de presencia ilegal, se evalúan prioridades y se deciden posibles acciones, incluidos bombardeos. Para la selección de la aeronave se requieren datos aéreos y de inteligencia terrestre: movimientos, número de miembros y distribución de los campamentos. Las Fuerzas Militares suelen usar Tucano y Super Tucano por maniobrabilidad; para mayor precisión se emplean bombas guiadas desde aviones Kfir, cuyo despliegue está restringido por su estatus de seguridad nacional. Se privilegia la munición de menor impacto fuera del objetivo: 250 lb (Mark-81), con posibilidad de 500 lb (Mark-82) o 1.000 lb (Mark-83) en casos excepcionales.
Entre las cifras relevantes, se reporta que 15 menores de edad reclutados por grupos armados han muerto en operaciones previas, lo que alimenta el debate sobre proporcionalidad y cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.
«El análisis es minucioso: desde la planificación hasta la ejecución. Si existe algún riesgo de afectación a civiles o dudas sobre la presencia de no combatientes, sin importar quién sea el blanco, se cancela la operación» – Excomandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales
«El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren menores que perdieron el estatus de civil y han sido convertidos en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque» – Defensoría del Pueblo
Antecedentes y contexto indican que críticas previas han recaído sobre el Gobierno y las Fuerzas Militares por bombardeos que habrían causado la muerte de 15 menores reclutados por grupos armados. Por qué es noticia ahora: se hacen públicos los detalles del proceso de ejecución y aprobación de bombardeos, lo que reabre el debate público sobre la proporcionalidad de las operaciones, el cumplimiento del DIH y la protección de civiles. En resumidas cuentas, el reporte busca explicar un marco de autorización que busca equilibrar la seguridad nacional con la salvaguarda de la población civil, al tiempo que se evalúan impactos y se ajustan las prácticas para evitar daños colaterales.
Las deliberaciones y decisiones, que se ajustan a principios de protección de civiles y al cumplimiento del marco normativo, reflejan una dinámica de alto nivel entre la Presidencia, Defensa y las Fuerzas Militares, ante un contexto de conflicto armado en curso y una presión constante por transparencia y responsabilidad ante la ciudadanía y las instituciones de derechos humanos.
