El gobierno del presidente Gustavo Petro autorizó diálogos exploratorios con la banda criminal La Inmaculada, liderada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, mediante una resolución firmada el 6 de diciembre, en momentos en que su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico permanece pendiente de la firma presidencial, tras el aval de la Corte Suprema de Justicia el pasado 12 de noviembre. La medida designa a funcionarios como Jorge Arturo Lemus, director del DNI; Ricardo Rey, jefe de Contrainteligencia; y Alexánder Rojas, para verificar la voluntad real de paz de la organización, avanzar en la formalización de conversaciones y celebrar acuerdos alineados con los objetivos de la política de paz total impulsada por el mandatario.
La Inmaculada, con base en Tuluá, Valle del Cauca, ha sido señalada por generar violencia en la región, y Pipe Tuluá asumió el mando tras la captura de su hermano Mauricio Marín Silva en 2024. El líder criminal enfrenta procesos en Colombia por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, además de la solicitud de extradición de la Corte Distrito Este de Texas por narcotráfico. Esta decisión genera debate por la coincidencia entre el fallo judicial y la iniciativa política de paz total, que busca evaluar el sometimiento a la justicia y la reducción de violencia en zonas afectadas.
Gestos de paz desde la prisión y traslados por seguridad
Desde su reclusión, Pipe Tuluá ha realizado gestos interpretados como de paz, como el envío de cartas pidiendo calma a sus hombres, órdenes para evitar retaliaciones y la entrega de información que frustró un asesinato en la cárcel La Picota de Bogotá. Por motivos de seguridad, fue trasladado a la estación de Policía Los Mártires, y el Tribunal de La Guajira negó su regreso a una penitenciaría. En entrevistas, el capo niega vínculos directos con el narcotráfico, alegando solo amistades con narcos y favores a cambio de porcentajes, al punto de retar a someterse a una prueba del polígrafo.
«verificar la voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones, y celebrar acuerdos con los objetivos indicados por el presidente de la República»
Resolución presidencial
«No soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo» y «y avanzar hacia la resocialización»
Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, en W Radio con Julio Sánchez Cristo
Esta autorización forma parte de la estrategia de paz total del gobierno Petro, que busca diálogos con grupos armados y criminales para reducir la violencia, aunque genera controversia ante los procesos judiciales pendientes y la presión internacional por la extradición de líderes como Pipe Tuluá, cuyo futuro podría definir el rumbo de estos acercamientos en el Valle del Cauca y más allá.
