El gobierno del presidente Gustavo Petro inició una búsqueda activa de un reemplazo para el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, en medio de intensos roces internos con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, originados por denuncias de seguimientos ilegales a su teléfono. Las infiltraciones, que ocurrieron entre agosto y noviembre de 2025, sumaron más de 8.700 ocasiones y permitieron la sustracción de 2,3 gigabytes de información personal, según reveló Idárraga, quien presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas gestiones de dos altos funcionarios se desarrollaron en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de Colombia, exacerbando las tensiones que involucran también al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.
Las acusaciones mutuas giran en torno a presiones por un supuesto narcobién relacionado con alias Fortuna, omisiones en la investigación del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y violaciones a la privacidad de Idárraga por parte del Ministerio de Defensa y la UNP. A pesar de un pedido directo del presidente Petro para que Idárraga y Rodríguez se reunieran y resolvieran el conflicto, la tensión persiste, lo que ha llevado al Ejecutivo a considerar un relevo inmediato en el Ministerio de Justicia. Idárraga, quien recientemente facilitó conversaciones con el gobierno de Donald Trump sobre normativas contra el fentanilo, ha negado cualquier solicitud de cuotas en el Inpec y vinculó el narcobién mencionado a información sensible sobre un posible atentado contra el presidente Petro.
Escalada de acusaciones y repercusiones
Pedro Sánchez entregó un dossier al presidente Petro con argumentos sobre información inexacta presentada en contra de Idárraga, mientras que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, lo ligó a una citación por omisión en el caso del magnicidio de Uribe Turbay. Aunque la Fiscalía revirtió esa decisión, la esposa de Idárraga presentó su renuncia en medio del escándalo, profundizando la crisis interna del gobierno. Estas revelaciones han puesto en jaque la estabilidad del gabinete de Petro, con la Casa de Nariño como epicentro de las maniobras políticas que podrían reconfigurar el alto mando ministerial en las próximas semanas.
La situación subraya las fricciones crecientes dentro del Ejecutivo, donde las denuncias de espionaje ilegal no solo comprometen la credibilidad de los involucrados, sino que también cuestionan la unidad del gobierno frente a desafíos como la lucha contra el narcotráfico y la protección de líderes políticos en un contexto de amenazas persistentes.
