El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este sábado 17 de enero de 2026 como un «delito de lesa humanidad» la muerte sistemática de campesinos en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, motivada por el control de los campos de hoja de coca por parte de grupos armados ilegales. Esta denuncia la hizo pública en su cuenta de X (@petrogustavo) en medio del aniversario de un año de escalada de violencia en la zona, justo después de un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Tibú, que dejó como saldo la muerte del soldado Juan Esteban González Sánchez y cuatro heridos más en las filas de la fuerza pública durante operaciones del Ejército.
El atentado con drones, que utilizó explosivos improvisados, resalta la persistencia de la confrontación armada en el Catatumbo entre el ELN y las disidencias de las Farc, particularmente el Frente 33, exacerbando una crisis que afecta gravemente a la población civil con desplazamientos masivos, reclutamiento forzado de menores mediante engaños y promesas falsas, secuestros, economías ilícitas como el cultivo de coca, extorsión, contrabando, carnetización obligatoria y trata de personas, especialmente en Tibú, donde también se reportan obstáculos en el acceso a servicios de salud reproductiva y altos niveles de violencia de género que incluyen explotación sexual.
Cifras que evidencian la magnitud de la tragedia humanitaria
Según el informe «Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz» de la Defensoría del Pueblo, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025 se registraron 105.203 personas incluidas en el Registro Único de Víctimas, con 101.587 casos de desplazamiento forzado, 7.777 amenazas, 3.772 confinamientos y 2.948 despojos de tierras. En el mismo año, una comisión humanitaria logró la liberación de 121 personas secuestradas, aunque 59 permanecían en cautiverio al cierre del período. La amenaza de minas antipersonal y municiones sin explosionar sigue cobrando vidas: desde 1990 hasta el 31 de julio de 2025 se reportaron 12.610 víctimas en todo el país, con 978 en Norte de Santander; solo en 2025 hubo 20 eventos en municipios como Tibú, Hacarí, San Calixto y Lourdes, dejando 22 víctimas, incluyendo una fatal. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) desvinculó a 49 menores de grupos armados entre enero y noviembre de 2025, mientras que se contabilizaron 634 casos de violencia basada en género en Norte de Santander en el mismo lapso.
«Estamos a un año de un delito de lesa humanidad: la muerte sistemática de campesinos en el Catatumbo solo por controlar campos de hoja de coca».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El uso de drones no solo mina las zonas rurales, sino que también impacta comunidades indígenas como los Barí, restringiendo la movilidad, el acceso a derechos básicos y procesos electorales para 2025-2026. La Defensoría del Pueblo, a través de su defensora Iris Marín, enfatizó la necesidad de medidas estructurales por parte del Estado para abordar esta situación que daña a quienes han enfrentado daños y dolores directamente.
«Sangre del pueblo derramada por simple codicia y poder cuando se hablaba de amor eficaz, vida y paz».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Los destinos diferentes de la humanidad en cierta forma se anuncian en el Catatumbo».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«La revolución es Vida y punto».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Quisimos darle voz a la gente que vive en el Catatumbo, la que ha enfrentado los daños, los dolores. Los hechos narrados por la gente son crímenes internacionales».
Iris Marín, Defensora del Pueblo
La reacción del mandatario subraya la urgencia de avanzar hacia la paz total en una región donde la guerra persiste, afectando no solo la vida cotidiana sino los anhelos de un futuro sin violencia, mientras el país observa con preocupación cómo estos eventos podrían definir trayectorias más amplias.
