En un año marcado por intensas tensiones institucionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó en 2025 múltiples confrontaciones con altas cortes como el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Bogotá y el Consejo Nacional Electoral. Estos choques surgieron por fallos judiciales que limitaron las alocuciones presidenciales, suspendieron el decreto de consulta popular, frenaron la entrada en vigencia de la reforma pensional establecida en la Ley 2381 de 2024 y generaron acalorados debates sobre la posibilidad de una asamblea constituyente, todo ello en el marco de Colombia y motivado por los límites al poder presidencial, la separación de poderes y alegadas violaciones constitucionales.
La relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial escaló a un pulso abierto durante 2025, con una serie de fallos que pusieron a prueba las reglas del Estado Social de Derecho y avivaron discusiones sobre la legitimidad judicial y los mecanismos constitucionales. En los primeros nueve meses del año, Petro realizó más de una decena de alocuciones presidenciales, muchas de las cuales fueron restringidas por las altas cortes bajo criterios de excepcionalidad, urgencia y objetividad, especialmente a partir del 3 de octubre. El Consejo de Estado suspendió el decreto 0639 de consulta popular el 18 de junio, mientras que la Corte Constitucional detuvo la reforma pensional el 14 de junio y, el 24 de noviembre, registró un empate 4-4 en su votación sobre el tema. Además, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe Vélez el 22 de octubre, lo que provocó reacciones presidenciales, y el Consejo Nacional Electoral sancionó a Colombia Humana por irregularidades en la campaña presidencial de 2022.
Órdenes de rectificación y suspensiones clave
Las cortes emitieron múltiples órdenes de rectificación contra el presidente Petro por declaraciones consideradas injuriosas, dirigidas contra figuras como Hannah Escobar el 10 de febrero, Marta Lucía Ramírez los 4 de octubre y 10 de diciembre, Mario Burgos, Jorge Armando Bohórquez el 15 de noviembre, Paloma Valencia y varios periodistas el 20 de octubre. Estos fallos, junto con suspensiones provisionales y declaraciones públicas, evidenciaron cómo las instituciones judiciales buscaban reafirmar su independencia frente a lo que el Ejecutivo percibía como interferencias en su agenda de cambio.
“Es una censura contra un presidente… eso se llama golpe de Estado”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
En respuesta a estos eventos, Petro no escatimó en críticas públicas, acatando algunas decisiones a regañadientes pero cuestionando su validez. Tras los límites a las alocuciones del 3 de octubre, declaró que acataba la decisión pero no la compartía, y en referencia al caso Uribe del 22 de octubre, afirmó que ya se vería si la Corte Suprema admitía eso o si los carteles de la toga seguían manejando la justicia. Sobre la asamblea constituyente, ironizó preguntando de dónde tanta ignorancia jurídica, argumentando que solo ella garantizaría de manera real los derechos fundamentales.
“La independencia judicial es esencial para el Estado de derecho y puede hacerse añicos si no se protege”
Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado presidente de la Corte Constitucional
El magistrado presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, defendió la autonomía judicial como pilar del Estado de derecho, en medio de un año que incluyó episodios como la suspensión de la consulta popular el 11 de junio y otros fallos que frenaron iniciativas del gobierno. Estas confrontaciones no solo tensaron las relaciones entre poderes públicos, sino que también alimentaron un amplio debate nacional sobre la separación de poderes y la necesidad de reformas institucionales, dejando un panorama de incertidumbre política para el cierre de 2025.
