La propuesta ha sido respaldada por sectores del Pacto Histórico, que la ven como una medida legítima y democrática ante la parálisis legislativa. Sin embargo, la oposición ha reaccionado con dureza.
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Ante lo que el Presidente Petro considera un bloqueo legislativo, anunció que propondrá consultar al pueblo sobre las reformas de salud y laboral. La oposición y sectores jurídicos cuestionan la legalidad y motivaciones de la medida.
El presidente Gustavo Petro anunció su intención de convocar una consulta popular para que los colombianos decidan directamente sobre las reformas laboral y de salud, tras lo que considera reiterados bloqueos que estas han enfrentado en el Congreso. La decisión generó una oleada de reacciones tanto en el ámbito político como jurídico, reabriendo el debate sobre los límites del poder presidencial y el rol del legislativo.
Durante una alocución presidencial, Petro advirtió que si el Congreso no retoma el trámite de las reformas en un plazo de 30 días, su gobierno iniciará el proceso de convocatoria de la consulta por decreto. “Si el Congreso no quiere legislar, será el pueblo quien decida”, afirmó, apelando al artículo 3 de la Constitución y a las leyes de participación ciudadana.
La propuesta ha sido respaldada por sectores del Pacto Histórico, que la ven como una medida legítima y democrática ante la parálisis legislativa. Sin embargo, la oposición ha reaccionado con dureza. El expresidente Iván Duque acusó al mandatario de intentar “imponer por la fuerza reformas que no cuentan con respaldo legislativo”. La senadora Paola Holguín (Centro Democrático) fue más allá, señalando que el Ejecutivo “quiere gobernar sin contrapesos institucionales”.
Desde el ámbito jurídico, varios expertos han advertido que una consulta popular no puede sustituir al Congreso en su facultad legislativa. Aunque la ley permite consultar al pueblo sobre decisiones de trascendencia nacional, los juristas señalan que no es el mecanismo adecuado para aprobar o modificar leyes como las que se plantean en las reformas estructurales propuestas por el gobierno.
En medio del debate, algunos analistas interpretan la jugada como una estrategia política del presidente para reposicionarse frente a una agenda reformista estancada y recuperar el impulso de su gobierno con miras a las elecciones de 2026. Para ellos, más que un instrumento de participación directa, la consulta podría convertirse en una nueva batalla política y simbólica entre el Ejecutivo y el Congreso.
Lo cierto es que la propuesta de consulta ha polarizado aún más el panorama político colombiano y promete ser uno de los temas centrales de la agenda nacional en las próximas semanas. En juego no solo está el destino de las reformas, sino también el equilibrio entre poderes y la legitimidad de los mecanismos de democracia directa en el país.
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La posición de los partidos
En una carta conjunta titulada “La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado”, ocho partidos políticos colombianos rechazaron la intención del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular sobre las reformas laboral y de salud, luego de que esta fuera archivada por el Senado.
Las colectividades —Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI— calificaron como “unilateral e inconstitucional” la actuación del Gobierno y advirtieron que, de concretarse, representaría una violación grave a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un atentado directo contra el Estado de Derecho.
En el texto, los partidos instan a las altas cortes, organismos de control y autoridades electorales, especialmente al Registrador Nacional, a actuar con independencia y bajo el principio de legalidad, y a no validar un proceso que podría carecer de legitimidad y fundamento constitucional.
Además, recordaron que el Consejo de Estado ya respaldó la decisión del Senado al rechazar una demanda contra el archivo de la consulta, reconociéndola como un acto legítimo y definitivo del Congreso. Por ello, consideran que insistir en el tema desconoce no solo la autonomía del Legislativo, sino también los fallos de la Rama Judicial.
La carta concluye con un llamado a la ciudadanía a rodear a las instituciones democráticas y a no permitir que una sola persona imponga su voluntad sobre el orden constitucional, advirtiendo sobre el “grave daño institucional” que, según ellos, está generando el Gobierno.
