En las postrimerías del gobierno de Gustavo Petro, la Casa de Nariño expidió el Decreto 0966 del 4 de agosto de 2026, mediante el cual se crea una bonificación especial de recreación para los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. Este beneficio económico, que tendrá efectos fiscales retroactivos al 1 de enero de 2026, surge como resultado del Acuerdo Final de la Negociación Colectiva del Sector Justicia 2025, firmado el 22 de agosto del año anterior, y se materializa en desarrollo de la Ley 4ª de 1992 que regula el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.
La medida, firmada por el presidente Petro y altos funcionarios del gabinete ministerial, establece que todos los empleados públicos de la Procuraduría tendrán derecho a una bonificación especial equivalente a tres días de su asignación básica mensual vigente al momento de iniciar el período vacacional. Dicho beneficio se otorgará por cada ciclo de vacaciones –incluyendo los casos en que estas sean compensadas en dinero– y no constituye factor salarial para ningún efecto legal, por lo que no altera prestaciones sociales, aportes parafiscales ni otros cálculos remunerativos.
Detalles del decreto y alcance del beneficio
El texto del Decreto 0966 es enfático en señalar que la bonificación se aplica por cada período de vacaciones que disfruten los funcionarios de la entidad de control. “Los empleados públicos de la Procuraduría General de la Nación tendrán derecho a una bonificación especial de recreación (…) en cuantía equivalente a tres (3) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo periodo vacacional”, reza el artículo central de la norma. Asimismo, el decreto aclara que este ingreso adicional no podrá ser recibido de manera simultánea con otras asignaciones del Tesoro Público, salvo las excepciones legales previstas.
En un contexto de transición presidencial –el gobierno de Petro concluye su mandato en agosto de 2026–, la expedición del decreto genera expectativas sobre su impacto presupuestal, pues los efectos fiscales retroactivos desde el 1 de enero obligan a la Procuraduría a realizar ajustes en su presupuesto para el año en curso. La bonificación recreativa se enmarca en beneficios similares que ya han sido aplicados a otros empleados del Estado en anteriores negociaciones colectivas, pero su aprobación en el cierre de la administración Petro añade un matiz de urgencia política.
“Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional establecido en el presente decreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”.
Artículo 3 del Decreto 0966
Orgánica competencia y antecedentes
El decreto también reafirma que el Departamento Administrativo de la Función Pública es el único órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional, y advierte que ningún otro organismo puede arrogarse esa atribución. Esta precisión busca evitar interpretaciones que pudieran generar conflictos normativos o duplicidad de beneficios. Los orígenes de la medida se remontan al Acta de Acuerdo Parcial de la Mesa de Negociación del Ámbito Sectorial Justicia, que complementó el Acuerdo Final de 2025, y recoge una reivindicación histórica de los trabajadores del sector justicia en Colombia.
La entrada en vigor con retroactividad fiscal abre la puerta a que la Procuraduría deba realizar pagos adicionales correspondientes a los primeros siete meses de 2026, lo que implicará un esfuerzo presupuestal adicional en una entidad que ya enfrenta desafíos de gestión. Sin embargo, desde el gobierno se defiende que se trata de un derecho laboral adquirido en el marco de la negociación colectiva y que su implementación es jurídicamente viable. Con esta decisión, la administración Petro deja un legado de política salarial sectorial a pocos días de entregar el poder.
