El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó a su ministro de Agricultura designado, Fabio Arjona Hincapié, eliminar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), una decisión que generó de inmediato una dura crítica pública por parte del presidente saliente Gustavo Petro. La instrucción, dada durante la transición de gobierno previa al 7 de agosto de 2026, busca derogar la figura creada durante la actual administración, en un movimiento que ya desata un fuerte debate sobre el futuro de la protección de suelos agrícolas en Colombia. Petro reaccionó a través de su cuenta en la red social X, donde advirtió sobre los riesgos de esta medida en un momento de creciente preocupación por el fenómeno de El Niño.
La orden de De la Espriella se enmarca en los ajustes reglamentarios que el gobierno entrante planea implementar para el sector agropecuario, con el objetivo de desmontar las restricciones que las Appa imponen a actividades productivas como las industriales y mineras. Según el mandatario electo, la eliminación de esta figura responde a la necesidad de flexibilizar los usos del suelo, una demanda que sectores productivos y autoridades locales han venido planteando desde la creación de estas áreas protegidas.
Las Appa, una figura en controversia
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos son una figura jurídica incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que delimita suelos rurales con el propósito de garantizar la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país, con fundamento en la Ley 388 de 1997. Antes de declarar estas áreas, el Ministerio de Agricultura identificó Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (Zppa) en regiones como La Guajira, Antioquia, Tolima y Sabana Centro, en Cundinamarca, lo que permitió establecer restricciones a ciertas actividades económicas en esos territorios.
Sin embargo, la aplicación de la norma no estuvo exenta de controversia. Gremios del sector agropecuario y autoridades locales discreparon desde el inicio, señalando que las Appa generaban incertidumbre sobre los títulos de propiedad y reducían el margen económico de los agricultores. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y otros gremios defendieron la autonomía territorial y la libertad de empresa, argumentando que las restricciones impuestas por la figura afectaban la competitividad del campo. Estas diferencias llevaron a que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional tramiten actualmente demandas contra la medida, en un escenario jurídico que sigue abierto.
Cuando viene la megasequía, que va a acabar parte de nuestra producción alimenticia, se le ocurre al próximo gobierno acabar las zonas de protección alimenticia; a esto se le llama política de la muerte.
Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia
La solicitud de eliminación de las Appa, según fuentes del equipo entrante, busca desmontar las restricciones antes de que se realicen nuevas delimitaciones, una medida que para sus defensores representa una oportunidad de corregir los errores de una figura mal implementada. No obstante, para sus críticos, la decisión llega en el peor momento posible: con la amenaza de una megasequía que, según las advertencias climáticas, podría golpear severamente la producción alimenticia del país. El choque entre la intervención estatal para proteger los suelos agrícolas y la flexibilización de los usos del suelo solicitada por los sectores productivos marca así el inicio de un nuevo capítulo en la política agropecuaria colombiana, en una transición que se anticipa tensa y llena de definiciones urgentes.
