El presidente Gustavo Petro arremetió contra el sector financiero colombiano al cuestionar su negativa a contribuir con recursos para enfrentar las inundaciones que azotan el Caribe, particularmente en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, a pesar de que este sector duplicó sus utilidades en 2025. En un mensaje reciente publicado en la red social X, el mandatario coincidió su crítica con la entrada en vigor del Decreto 0173 de 2026, que impone un impuesto al patrimonio a grandes empresas con patrimonios líquidos superiores a 10.474 millones de pesos, medida rechazada por gremios como Fasecolda, presidido por Gustavo Morales, y la Asociación de Consultores de Propiedad Raíz (ACP), liderada por Frank Pearl.
El decreto establece una tarifa general del 0,5 por ciento sobre el patrimonio líquido, pero aplica una tasa diferencial del 1,6 por ciento para los sectores financiero, minero-energético y asegurador, con un recaudo esperado de ocho billones de pesos que se pagará en dos cuotas los próximos 1 de abril y 4 de mayo de 2026, y una vigencia de 30 días. Estos fondos se destinarán a la atención de la crisis humanitaria provocada por fuertes lluvias y frentes fríos atípicos, priorizando la reconstrucción, la recuperación ambiental en zonas críticas, la infraestructura, los derechos fundamentales y el mercado de energía mayorista, con criterios técnicos definidos por el Ministerio de Ambiente. Además, incluye exenciones para el sector salud, empresas intervenidas por el Estado y entidades de servicios públicos domiciliarios en los municipios afectados.
Rechazo de gremios y cuestionamientos técnicos
Los gremios han manifestado su oposición al decreto argumentando que impactará negativamente la inversión, el empleo y la competitividad del país, al tiempo que cuestionan la estimación de recaudo por carecer de estudios técnicos sólidos. En este contexto, las aseguradoras enfrentan una tasa efectiva de tributación cercana al 40 por ciento, sumada a una sobretasa del cinco por ciento en el impuesto de renta, pese a una caída del 20 por ciento en sus utilidades durante 2025. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) proyecta un impacto fiscal que podría alcanzar hasta los 13 billones de pesos.
“El sector financiero que ha duplicado sus utilidades el año pasado no quiere ayudar con su aporte a solucionar la ola de inundaciones del Caribe colombiano”
Gustavo Petro, presidente de la República
La crítica presidencial se enmarca en una advertencia sobre posibles aumentos en los niveles de inundación en los próximos meses, según proyecciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Lisandro Junco, exdirector de la Dian, expresó dudas sobre la magnitud real de los costos de la emergencia al afirmar que no se sabe si efectivamente ascienden a los ocho billones de pesos estimados.
“No sabemos si realmente son $8 billones lo que cuesta atender la emergencia económica”
Lisandro Junco, exdirector de la Dian
Esta medida llega en medio de un debate nacional sobre la solidaridad empresarial frente a desastres naturales, con fuentes como el mensaje de Petro en X, el propio Decreto 0173 de 2026, entrevistas en Caracol Radio y El Colombiano, así como proyecciones de Anif y la UNGRD, que subrayan la urgencia de recursos para mitigar los efectos de la ola invernal en el Caribe colombiano.
