El presidente Gustavo Petro decretó el pasado 22 de diciembre la emergencia económica mediante el Decreto 1390, una medida drástica para enfrentar el hueco de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026, originado por el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso. Anunciada el 19 de diciembre por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, esta declaratoria habilita la emisión directa de Títulos de Tesorería (TES) por 23 billones de pesos a tasas cercanas al 13 por ciento y plazos entre 2029 y 2040, dirigida principalmente a Pimco, en medio de un elevado déficit fiscal que alcanzó el 6,7 por ciento del PIB en 2024 y se proyecta en 7,1 por ciento para 2025.
El presupuesto general de la Nación para 2026, inicialmente propuesto en 557 billones de pesos, fue aprobado en 547,9 billones tras las resistencias legislativas, lo que obligó al Gobierno a recurrir a nuevos impuestos vía decreto para recaudar 1,7 billones en patrimonio —bajando el umbral de 3.600 a 2.000 millones de pesos con tarifas del 0,5 al 5 por ciento—, 613.600 millones por normalización de activos y 1,2 billones mediante una sobretasa a la renta financiera que sube del 5 al 15 por ciento en el sector financiero. Esta decisión responde al fracaso consecutivo de reformas tributarias que buscaban 12, 26 y finalmente 16,3 billones de pesos, agravado por los gastos de la pandemia, políticas sociales expansivas y el colapso de la reforma de 2023.
Críticas y perspectivas inciertas
La medida ha generado fuertes críticas de exministros, constitucionalistas, la Contraloría General y el partido Cambio Radical, quienes cuestionan la falta de austeridad, la previsibilidad de la crisis y la opacidad en la emisión de TES, que podría generar costos futuros elevados para el país. Jaime Vargas, socio de Impuestos en la firma Cuatrecasas, advirtió que desde octubre se sabía que los impuestos esperados no alcanzarían para cubrir el presupuesto, y que aunque el Gobierno podría obtener recursos adicionales mientras la Corte Constitucional analiza los decretos —con revisión pospuesta hasta el 10 de enero de 2025—, las perspectivas de recaudo no son alentadoras.
“Se sabe, desde octubre, que los impuestos que se espera recaudar no van a alcanzar, junto con las demás fuentes de financiación para cubrir el Presupuesto General de la Nación. Es posible que el Gobierno nacional obtenga recursos adicionales en tanto la Corte analiza los decretos emitidos y declara su inexequibilidad. Pero las perspectivas de recaudo no parecen las mejores”
Jaime Vargas, socio de Impuestos en Cuatrecasas
“trampa” para el país
Germán Ávila, Ministro de Hacienda (refiriéndose a la postura legislativa)
El próximo gobierno, que asumirá el 7 de agosto de 2026, heredará estas presiones fiscales derivadas de rechazos congresionales que han forzado medidas excepcionales, dejando un panorama de incertidumbre económica en Colombia mientras la Corte evalúa la constitucionalidad de estas acciones urgentes.
