El gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica mediante el decreto 1390, con el fin de cubrir un hueco de 16,3 billones de pesos en el presupuesto para 2026, tras el fracaso de la reforma tributaria y la emisión de títulos de Tesorería (TES) por 23 billones de pesos vendidos directamente a la gestora Pimco. El anuncio de la emisión de estos TES, con plazos entre 2029 y 2040 y tasas cercanas al 13 por ciento, se realizó el 19 de diciembre, mientras que el decreto fue oficializado dos días después, el 22 de diciembre, en medio de un contexto de desfinanciación presupuestal derivado del rechazo del Congreso a la propuesta tributaria.
Esta medida responde a la imposibilidad de recaudar los recursos necesarios para el Presupuesto General de la Nación 2026, que inicialmente se estimaba en 557 billones de pesos pero fue aprobado en 547,9 billones. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el presidente Petro impulsaron esta declaratoria ante la caída en las expectativas de recaudo, agravada por déficits fiscales crecientes: del 6,7 por ciento del PIB en 2024 al proyectado 7,1 por ciento en 2025. La reforma tributaria fallida incluía impuestos sobre el patrimonio con un umbral de 2.000 millones de pesos para recaudar 1,7 billones, normalización de activos por 613.600 millones y una sobretasa a la renta financiera del 5 al 15 por ciento por 1,2 billones.
Medidas de la emergencia y contexto histórico
Entre las acciones del decreto 1390 destaca la reducción del umbral para el impuesto al patrimonio de 3.600 millones a 2.000 millones de pesos, con tarifas progresivas del 0,5 al 5 por ciento. Este déficit presupuestal se origina en los gastos de la pandemia, políticas sociales expansivas y la eliminación de la regla fiscal, sumado a los fracasos previos de reformas tributarias: 12 billones en 2023, 26 billones en 2024 y ahora 16,3 billones en 2025. La revisión judicial de estos decretos se pospone hasta el 10 de enero debido a la vacancia de la Corte Constitucional.
“trampa”
Germán Ávila, ministro de Hacienda
Las críticas no se han hecho esperar: la oposición, exministros, constitucionalistas y la Contraloría General de la República han cuestionado la medida, sugiriendo en su lugar un recorte de gastos, mientras que el partido Cambio Radical pone en duda su legitimidad. Jaime Vargas, socio de Impuestos en Cuatrecasas, advirtió sobre la situación al afirmar: “Se sabe, desde octubre, que los impuestos que se espera recaudar no van a alcanzar, junto con las demás fuentes de financiación para cubrir el Presupuesto General de la Nación. Es posible que el Gobierno nacional obtenga recursos adicionales en tanto la Corte analiza los decretos emitidos y declara su inexequibilidad. Pero las perspectivas de recaudo no parecen las mejores”.
El próximo gobierno, que asumirá el 7 de agosto de 2026, heredará este panorama fiscal complicado, marcado por la dependencia de emisiones de deuda y la incertidumbre judicial alrededor del decreto de emergencia económica.
