El presidente Gustavo Petro decretó el pasado 22 de diciembre de 2024 la emergencia económica mediante el Decreto 1390, una medida drástica para enfrentar el hueco fiscal de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026, tras el rechazo en el Congreso de la reforma tributaria. El anuncio se realizó el 19 de diciembre, y la estrategia incluye la emisión de Títulos de Tesorería (TES) por 23 billones de pesos, que se venderán directamente a la firma Pimco con plazos entre 2029 y 2040 y tasas de interés cercanas al 13 por ciento. Esta decisión del Gobierno nacional, liderada por el ministro de Hacienda Germán Ávila, busca cubrir el déficit fiscal que alcanzó el 6,7 por ciento del PIB en 2024 y se proyecta en 7,1 por ciento para 2025, agravado por el fracaso de reformas tributarias que esperaban recaudar 12, 26 y 16,3 billones de pesos.
El presupuesto general de la nación para 2026 inició con una cifra de 557 billones de pesos, pero fue aprobado en 547,9 billones, dejando pendiente ese recaudo crucial que incluye el impuesto al patrimonio con un umbral de 2.000 millones de pesos y una expectativa de 1,7 billones en 2026, la normalización de activos por 613.600 millones de pesos y la sobretasa a la renta del sector financiero que subiría del 5 al 15 por ciento para generar 1,2 billones. Este déficit se origina en los elevados gastos derivados de la pandemia, políticas sociales expansivas, el fracaso de la reforma tributaria de 2023 y el adelanto de impuestos en 2024, en un contexto donde la regla fiscal fue eliminada, obligando a medidas excepcionales ante los rechazos legislativos.
Críticas y reacciones al decreto
La declaratoria ha generado fuertes críticas de exministros de Hacienda, constitucionalistas y la Contraloría General de la República, quienes argumentan que no se trata de una crisis sobreviniente que justifique la emergencia económica. La oposición, liderada por Cambio Radical, rechazó el decreto y propuso recortes en el gasto público como alternativa. Además, la emisión de TES despierta inquietudes por la falta de transparencia y tasas superiores a las del mercado previo, en medio de la incertidumbre generada por la revisión pospuesta de la Corte Constitucional hasta el 10 de enero de 2025. El próximo gobierno, que asumirá el 7 de agosto de 2026, heredará estas presiones fiscales intensas.
“trampa” para el país
Germán Ávila, Ministro de Hacienda
Se sabe, desde octubre, que los impuestos que se espera recaudar no van a alcanzar, junto con las demás fuentes de financiación para cubrir el Presupuesto General de la Nación. Es posible que el Gobierno nacional obtenga recursos adicionales en tanto la Corte analiza los decretos emitidos y declara su inexequividad. Pero las perspectivas de recaudo no parecen las mejores.
Jaime Vargas, socio de Impuestos en la firma Cuatrecasas
Esta emergencia económica marca un punto de inflexión en la gestión fiscal del Gobierno Petro, con el país pendiente de las decisiones judiciales y las implicaciones para la estabilidad económica a mediano plazo, mientras se debate si estas medidas excepcionales logran estabilizar las finanzas públicas o profundizan las tensiones presupuestales heredadas.
