El gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en Colombia mediante el decreto 1390, oficializado el 22 de diciembre de 2024, con el objetivo de cubrir un hueco de 16,3 billones de pesos en el presupuesto para 2026, tras el fracaso de las reformas tributarias y la emisión de títulos de Tesorería (TES) por 23 billones de pesos. El anuncio se realizó el 19 de diciembre, impulsado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y respaldado por todos los ministros del gabinete, ante un déficit fiscal que en 2024 alcanzó el 6,7% del PIB y se proyecta en 7,1% para 2025.
Esta medida busca financiar el presupuesto general de la nación, inicialmente estimado en 557 billones de pesos y aprobado finalmente en 547,9 billones, desfinanciado por la falta de recaudo de reformas tributarias que esperaban captar 12, 26 y 16,3 billones de pesos. El decreto permite la emisión directa de TES por 23 billones, con plazos entre 2029 y 2040 a tasas cercanas al 13%, adjudicados a Pimco, así como la implementación de tres nuevos impuestos: la reducción del umbral del impuesto al patrimonio de 3.600 millones a 2.000 millones de pesos con tarifas del 0,5% al 5%, que espera recaudar 1,7 billones en 2026; la reactivación de la normalización de activos con un potencial de 613.600 millones; y el incremento de la sobretasa a la renta del sector financiero del 5% al 15%, proyectado en 1,2 billones de recaudo.
Críticas y contexto de la crisis fiscal
El déficit fiscal actual deriva de los gastos derivados de la pandemia, políticas sociales expansivas, el fracaso de la reforma tributaria de 2023 y el adelanto de impuestos en 2024, lo que llevó también a la eliminación de la restricción de la regla fiscal para 2025. Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas de exministros de Hacienda, constitucionalistas, analistas y la Contraloría General de la República, quienes argumentan que no se trata de una crisis sobreviniente que justifique la emergencia. La oposición, liderada por Cambio Radical, rechaza el decreto y propone en su lugar un recorte de gasto público, mientras que la emisión de TES ha sido calificada como sin precedentes por su falta de transparencia y tasas superiores a las del mercado.
«Se sabe, desde octubre, que los impuestos que se espera recaudar no van a alcanzar, junto con las demás fuentes de financiación para cubrir el Presupuesto General de la Nación. Es posible que el Gobierno nacional obtenga recursos adicionales en tanto la Corte analiza los decretos emitidos y declara su inexequibilidad. Pero las perspectivas de recaudo no parecen las mejores»
Jaime Vargas, socio de Impuestos en la firma Cuatrecasas
La revisión judicial de los decretos está pospuesta hasta el 10 de enero de 2025 debido a la vacancia de la Corte Constitucional, en un escenario donde el próximo gobierno asumirá el 7 de agosto de 2026 frente a un presupuesto desfinanciado y un déficit fiscal por las nubes, representando uno de los mayores retos para Colombia en el venidero año.
