El presidente Gustavo Petro decretó este domingo la emergencia económica en Colombia mediante el Decreto 1390, oficializado el 22 de diciembre de 2024, con el fin de cubrir un hueco de 16,3 billones de pesos en el presupuesto para 2026, tras el rechazo de la última reforma tributaria en el Congreso. La medida, anunciada el 19 de diciembre por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, incluye la emisión de Títulos de Tesorería (TES) por 23 billones de pesos, vendidos directamente a la gestora estadounidense Pimco a tasas cercanas al 13 por ciento y con plazos que se extienden hasta 2040, en un contexto de alto déficit fiscal que alcanzó el 6,7 por ciento del PIB en 2024 y se proyecta en 7,1 por ciento para 2025.
El presupuesto general de la Nación para 2026, inicialmente propuesto en 557 billones de pesos, fue aprobado finalmente en 547,9 billones, lo que generó la necesidad de recursos adicionales ante el fracaso de reformas tributarias previas que buscaban recaudar 12, 26 y 16,3 billones de pesos. La declaratoria elimina la restricción de la regla fiscal y propone nuevos impuestos como un gravamen al patrimonio por 1,7 billones de pesos para patrimonios superiores a 2.000 millones, la normalización de activos por 613.600 millones y una sobretasa a la renta financiera por 1,2 billones, impulsados por la deuda acumulada durante la pandemia y las políticas sociales expansivas del gobierno, así como el adelanto de impuestos en 2024.
Críticas y riesgos institucionales
La decisión ha desatado críticas de exministros, constitucionalistas y la Contraloría General de la República, que cuestionan la falta de austeridad en el gasto público, mientras el partido opositor Cambio Radical rechazó de plano el decreto. Analistas destacan la incertidumbre generada por la vacancia de la Corte Constitucional hasta el 10 de enero de 2025, lo que podría extenderse el análisis de la medida y elevar los riesgos institucionales de cara a las elecciones de 2026.
“trampa” para el país
Germán Ávila, Ministro de Hacienda
Se sabe, desde octubre, que los impuestos que se espera recaudar no van a alcanzar, junto con las demás fuentes de financiación para cubrir el Presupuesto General de la Nación. Es posible que el Gobierno nacional obtenga recursos adicionales en tanto la Corte analiza los decretos emitidos y declara su inexequibilidad. Pero las perspectivas de recaudo no parecen las mejores.
Jaime Vargas, socio de Impuestos en la firma Cuatrecasas
En medio de este panorama, el gobierno confía en que la emergencia económica permita estabilizar las finanzas públicas, aunque expertos advierten sobre posibles recursos adicionales temporales y un recaudo incierto que podría complicar el cierre fiscal del próximo año.
