El presidente Gustavo Petro anunció este 24 de febrero de 2026 en Cartagena un decreto que impone un impuesto adicional del 2% sobre las ventas brutas de las generadoras de energía por generación propia, vigente por seis meses en las regiones declaradas en emergencia como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. La medida, impulsada por el ministro de Hacienda Germán Ávila y la ministra encargada de Medio Ambiente Irene Vélez, busca recaudar recursos para enfrentar la crisis económica y ambiental en estas zonas vulnerables, enmarcada en la Ley 99 de 1993 como un pago al Sistema Nacional Ambiental (Sina).
El tributo será recaudado por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y destinado exclusivamente a la protección ambiental y la reducción de riesgos, afectando tanto a hidroeléctricas como a plantas térmicas operativas en las cuencas de emergencia. Para las térmicas, la contribución al Sina pasa del 4% al 6%, mientras que para las hidroeléctricas sube del 6% al 8%, con el objetivo de controlar los precios al consumidor final en un contexto de regulación tarifaria estricta.
Advertencia gremial sobre impacto en precios
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), alertó que no habría base para incrementos en las tarifas, ya que alrededor del 80% de los contratos de suministro de energía para el resto del año ya están suscritos. Esta es la primera de varias medidas fiscales decretadas por el Gobierno, tras la suspensión de iniciativas anteriores por la Corte Constitucional, y se enmarca en la respuesta a la crisis financiera en el sector minero-energético, que ya enfrenta las tarifas más altas por impuestos al patrimonio.
“Los contratos para tenerla, en más o menos el 80% ya están suscritos, por lo tanto, no habría de donde subir. Si se pone el ojo en los precios en bolsa de la energía, en la actualidad deberían estar cayendo, porque hay mucha agua en los embalses para generar. Por consiguiente, los precios de la energía no podrían subir”
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg
Irene Vélez enfatizó la naturaleza de esta contribución al diferenciarla de un impuesto tradicional sobre utilidades. Aunque el impacto podría ser limitado a corto plazo por los contratos existentes, expertos prevén posibles ajustes en los precios de la bolsa energética a mediano plazo.
“Ahora no es un impuesto sobre las utilidades obtenidas en el año anterior, sino que se plantea como una contribución que está relacionada con la Ley 99 de 1993, y es el pago que se hace por transferencias del sector eléctrico al Sistema Nacional Ambiental-Sina”
Irene Vélez, ministra encargada de Medio Ambiente
Esta decisión gubernamental busca equilibrar la sostenibilidad ambiental con la estabilidad económica en regiones críticas, donde la emergencia por sequías y otros riesgos exige acciones inmediatas para mitigar efectos en la población y el suministro eléctrico.
