El presidente de Colombia, Gustavo Petro, justificó este jueves la declaratoria de emergencia económica que permite la adopción de medidas tributarias a través del Decreto 1474 de 2025, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al reconocer que la rechazada ley de financiamiento en el Congreso era en esencia una reforma tributaria y culpar directamente a los legisladores por obligar al Gobierno a recurrir a esta vía excepcional. El decreto, que entra en vigencia a partir de 2026, busca cubrir un déficit en el Presupuesto General de la Nación para ese año, estimado en 546,9 billones de pesos, tras el rechazo de las comisiones económicas del Congreso a la ley que pretendía recaudar 16,3 billones de pesos adicionales.
Entre las principales disposiciones del decreto se encuentra la rebaja del umbral para el impuesto al patrimonio, que pasa de cuatro mil millones de pesos a dos mil millones de patrimonio líquido, con una tarifa marginal máxima que se eleva del 1,5 por ciento al 5 por ciento. Estas medidas impactan principalmente a grandes patrimonios, empresas, el sector financiero, hidrocarburos, bienes de lujo, licores, tabaco y juegos de azar, sin aplicar el impuesto al patrimonio a las sociedades, aunque endurece los controles sobre activos y restringe el uso de regalías como deducción fiscal, según un análisis realizado por el abogado Durán, conocido en redes sociales como El Man de los Impuestos.
Petro defiende el enfoque en el gran capital
El mandatario enfatizó que el Presupuesto General de la Nación para 2026 se encuentra desfinanciado según el Gobierno, y que la ley rechazada excluía a las clases trabajadoras y medias, centrándose en gravar a los grandes propietarios y rentistas. Esta declaratoria surge después de que el Congreso negara su aprobación a la propuesta, considerada por Petro como una reforma tributaria necesaria para equilibrar las finanzas públicas.
«Como ven, la reforma tributaria decretada no perjudica a la gente trabajadora o de clase media, solo el gran capital, los grandes propietarios y los grandes rentistas del país. Por eso el Congreso no la aprobó y nos obligó a la emergencia».
Gustavo Petro, Presidente de Colombia
Desde la oposición, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, cuestionó la necesidad de estos recursos adicionales al recordar los elevados gastos no ejecutados al 30 de noviembre, que ascienden a 75 billones de pesos, de los cuales 34,4 billones corresponden a inversión, argumentando que el recorte debe enfocarse en el gasto público que ha crecido de manera desproporcionada en lugar de aumentar impuestos.
«El recorte debe ser en el gasto que ha crecido profundamente. Para qué quieren 16, si a noviembre 30 tienen 75 billones que no han sido ejecutados, de los cuales 34,4 son de inversión».
Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador
La medida ha generado debate nacional sobre la viabilidad fiscal del país y el rol del Congreso en la aprobación de reformas, con el Gobierno insistiendo en que solo afecta al sector de altos ingresos mientras busca estabilizar las cuentas públicas para el próximo año en Colombia.
