El gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un nuevo impuesto al patrimonio para sociedades y personas jurídicas con un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, equivalente a 10.474.800.000 pesos, aplicable al año gravable 2026. Esta medida, establecida mediante los decretos 173 y 0240 de emergencia económica, busca recaudar más de 6,3 billones de pesos para enfrentar las consecuencias de la ola invernal que afecta ocho departamentos del país. La tarifa general será del 0,5 por ciento, mientras que para los sectores financiero y extractivo ascenderá al 1,6 por ciento.
De acuerdo con las proyecciones, el 65 por ciento del recaudo, es decir 4,1 billones de pesos, provendrá de los sectores financiero y extractivo, y el 35 por ciento restante, unos 2,2 billones, de la tarifa general. Entre las exclusiones se encuentran las empresas del sector salud, las entidades intervenidas por el Estado y los servicios públicos domiciliarios en las zonas afectadas por la ola invernal. Sin embargo, la medida ha generado controversia por su implementación vía estado de emergencia y las dudas sobre su legalidad para introducir un nuevo impuesto.
Riesgos para la inversión
Los gremios empresariales han rechazado la iniciativa, argumentando que desincentiva la inversión y deteriora la competitividad del país. Según un informe de Anif titulado “Un impuesto costoso para la inversión”, gravar el nivel de capital encarece la acumulación de activos productivos y frena la expansión de las empresas. La entidad destaca que solo cinco países mantienen un impuesto al patrimonio empresarial, generalmente de carácter transitorio y con tasas inferiores al 1 por ciento. Además, se señala la caída en la formación bruta de capital fijo, que representaba el 24 por ciento del PIB en 2015 y se redujo al 16 por ciento en 2025, lo que agrava los riesgos para la atracción de capital extranjero.
“está funcionando como una reforma tributaria implementada por decreto, lo que implica la inclusión de nuevos impuestos y un aumento en las obligaciones para el sector productivo”
Jaime Cabal, presidente de Fenalco
“ya el impuesto al patrimonio es confiscatorio, pero, adicionalmente, el impuesto sobre las empresas extranjeras con sucursales en Colombia amenaza la posibilidad de atraer más inversiones y, adicionalmente, la discrecionalidad del Gobierno para manejar recursos al dedo asignando contratos, pues obviamente deja por fuera la Ley de Garantías. Y finalmente, muy peligroso que el Gobierno pueda discrecionalmente asignar recursos en esta época electoral”
Jaime Cabal, presidente de Fenalco
“al gravar el nivel de capital, se encarece la acumulación de activos productivos, lo que desincentiva la expansión de las empresas”
José Ignacio López, presidente de Anif
“medidas como estas deterioran la competitividad del país en la atracción de capital”
José Ignacio López, presidente de Anif
En medio de estas críticas, el gobierno insiste en que el decreto es necesario para mitigar los daños de la ola invernal, aunque el debate sobre su impacto en la economía nacional y la inversión privada se intensifica en un contexto preelectoral.
