El gobierno del presidente Gustavo Petro ha establecido mediante decreto de Emergencia Económica un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a los 10.000 millones de pesos, con el objetivo de recaudar ocho billones de pesos destinados a enfrentar la crisis generada por la ola invernal e inundaciones en Colombia. La medida entra en vigor de manera inmediata y aplica una tasa general del 0,5 por ciento, que se eleva al 1,6 por ciento para los sectores financiero y minero, permitiendo además la contratación directa para el gasto de estos recursos en la atención a las zonas afectadas y la recuperación de infraestructura.
Esta recaudación proyectada equivale casi al presupuesto de la ciudad de Barranquilla para 2026, que asciende a 7,7 billones de pesos, y busca mitigar las graves consecuencias de las inundaciones, incluyendo la reubicación de víctimas que lo han perdido todo. El decreto, emitido en el marco de la emergencia, excluye la revisión por parte del Consejo de Estado y queda bajo la competencia exclusiva de la Corte Constitucional, donde empresas y ciudadanos podrán intervenir mediante amicus curiae.
Preocupaciones de expertos y sectores afectados
Académicos de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, como Giovani Hernández y William Rodríguez, han analizado el impacto de esta medida. Hernández señaló que en el largo plazo podrían presentarse condiciones macroeconómicas que reactiven la inversión, aunque pronosticarlo resulta complicado. Por su parte, Rodríguez advirtió que el impacto en la economía es difícil de medir y que podría haber una contracción en las utilidades de las empresas este año debido a la mayor carga impositiva.
“En el largo plazo, puede pasar cualquier cosa, puede ser que más adelante se presenten otras condiciones macroeconómicas que puedan reactivar esa inversión, pero es muy complicado de pronosticar”
Giovani Hernández, profesor de Eicea
“este impacto para la economía es difícil de medir”
William Rodríguez, académico de Eicea
Rodríguez también enfatizó la necesidad de ayudar a las víctimas de las inundaciones, pero expresó inquietudes sobre el manejo de los fondos mediante contratación directa, sin los controles tradicionales, especialmente en época electoral y con posibilidades de adiciones en contratos como los del Programa de Alimentación Escolar.
“puede haber, de pronto, algo de contracción en las utilidades de esas empresas para este año por una mayor carga impositiva”
William Rodríguez, académico de Eicea
“lo que estamos buscando es cómo ayudar a las víctimas de todas esas inundaciones y eso va a implicar reubicación de muchos de ellos, gente que perdió todo”
William Rodríguez, académico de Eicea
“Si uno parte de la buena fe, uno esperaría que los recursos se utilicen muy bien, pero estamos hablando de contratación directa y de posibilidad de nuevos recursos en contratos, por ejemplo, los del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y demás, sin supervisión y en época electoral”
William Rodríguez, académico de Eicea
Riesgos de corrupción y críticas sectoriales
Las preocupaciones se centran en los riesgos de corrupción derivados de la contratación directa y los decretos que permiten cambios y adiciones contractuales sin mecanismos tradicionales de vigilancia. Fenalcarbón, por su parte, ha denunciado un trato discriminatorio hacia el sector minero con la tasa elevada del 1,6 por ciento, en medio de los esfuerzos por recuperar infraestructura dañada y atender las zonas más golpeadas por el fenómeno invernal.
