El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió la declaratoria de emergencia económica que permitió la expedición del Decreto 1474 de 2025, mediante el cual se adoptaron medidas tributarias equivalentes a las contenidas en la fallida ley de financiamiento rechazada por las comisiones económicas del Congreso. Esta acción del Ejecutivo busca cubrir un déficit de 16,3 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a un total de 546,9 billones de pesos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público lideró la implementación de estas disposiciones, que entrarán en vigencia a partir del próximo año en todo el territorio nacional.
Entre las principales modificaciones destaca la rebaja del umbral para el impuesto al patrimonio, que ahora se aplica a partir de 2.000 millones de pesos de patrimonio líquido, frente a los cerca de 4.000 millones previos, con una tarifa marginal máxima que sube del 1,5% al 5%. Estas medidas responden al rechazo parlamentario de la propuesta inicial, considerada innecesaria por las comisiones económicas, que argumentaron la existencia de gastos no ejecutados por 75 billones de pesos al 30 de noviembre, de los cuales 34,4 billones corresponden a inversión.
Impacto en sectores clave y nuevas cargas fiscales
Las disposiciones del decreto afectan principalmente a grandes patrimonios, empresas, el sector financiero, la extracción de hidrocarburos, bienes de lujo, licores, tabaco y juegos de azar, endureciendo controles sobre activos e incrementando la presión fiscal sobre inversiones y rentas altas. Se destaca que no se establece el impuesto al patrimonio para sociedades, aunque sí se elevan las cargas en hidrocarburos y banca, restringiendo el uso de regalías como deducción fiscal. Petro ha enfatizado que estas reformas buscan equilibrar las finanzas públicas sin tocar a la clase media o trabajadora.
«Como ven, la reforma tributaria decretada no perjudica a la gente trabajadora o de clase media, solo el gran capital, los grandes propietarios y los grandes rentistas del país. Por eso el Congreso no la aprobó y nos obligó a la emergencia»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Por su parte, desde la oposición se cuestiona la necesidad de mayor recaudo, señalando el sobrante de recursos no utilizados en el actual ejercicio presupuestal. Esta controversia pone en el centro del debate público la gestión fiscal del Gobierno, con el decreto como herramienta alternativa ante el bloqueo legislativo.
«El recorte debe ser en el gasto que ha crecido profundamente. Para qué quieren 16, si a noviembre 30 tienen $75 billones que no han sido ejecutados, de los cuales 34,4 son de inversión»
Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador
El decreto representa un giro significativo en la estrategia tributaria del Ejecutivo para 2026, en un contexto de tensiones entre Palacio de Nariño y el Capitolio, donde el rechazo de la ley de financiamiento obligó a recurrir a la declaratoria de emergencia económica como vía expedita para garantizar el financiamiento del presupuesto nacional.
