El gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 23 por ciento en el salario mínimo para 2026, fijándolo en dos millones de pesos mensuales, una medida que busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos pero que ha desatado fuertes críticas de los gremios empresariales por la falta de concertación tripartita, repitiendo el mecanismo utilizado el año anterior.
El anuncio se produce en un contexto de tensiones similares a las vividas en 2025, cuando el proceso de negociación no llegó a un acuerdo genuino, y ahora los representantes del sector privado cuestionan la ausencia de bases técnicas, económicas y de productividad, así como la coherencia con la emergencia económica decretada por el propio Gobierno.
Rechazo unánime del sector empresarial
Jaime Cabal, presidente de Fenalco, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, Andrés Santamaría, presidente de Asocapitales, y la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), liderada en sus declaraciones por sus directivos, han calificado la decisión como unilateral y populista, argumentando que ignora las realidades financieras y productivas de las empresas.
«farsa y burla institucional para el sector productivo del país»
Jaime Cabal, presidente de Fenalco
«anticipada, unilateral y abiertamente populista»
Jaime Cabal, presidente de Fenalco
Según Fenalco, el costo total por trabajador para los empleadores superará los tres millones de pesos, mientras que una encuesta de Acrip a más de 150 organizaciones revela que las empresas habían planeado ajustes salariales del 6,2 por ciento, muy por debajo del 23,7 por ciento que perciben en este decreto, lo que representa un reto significativo por encima de la inflación proyectada.
«lo que se presentó en Colombia no fue un acuerdo tripartito, sino una puesta en escena, en la cual desde el inicio se sabía que no se tendrían en cuenta las variables técnicas, económicas ni de productividad, y que la decisión ya estaba tomada»
Jaime Cabal, presidente de Fenalco
Impactos en empleo, inflación y servicios públicos
Los críticos advierten sobre efectos negativos en el empleo formal e informal, la inflación, la competitividad empresarial y los costos operativos, especialmente en sectores con tarifas indexadas al salario mínimo. Daniel Valencia, managing director de Research de Credicorp Capital, ha actualizado proyecciones económicas para 2026 que resaltan estos riesgos, mientras Asocapitales señala un impacto directo en el transporte público de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena.
«Un incremento del 23% en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de $200 adicionales por pasaje, que se suman a los incrementos ya previstos y que deben ser asumidos por las ciudades si se quiere proteger a los usuarios y evitar alzas abruptas en la tarifa»
Andrés Santamaría, presidente de Asocapitales
«uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia»
Bruce Mac Master, presidente de la Andi
«El incremento del 23,7% está por encima de la realidad financiera y productiva de las empresas, e incluso de la inflación proyectada, lo que sin duda constituirá un gran reto para el sector empresarial»
Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip)
Acrip exhorta a evitar la indexación automática de tarifas y servicios al salario mínimo para mitigar estos efectos, en un panorama donde el decreto presidencial genera un debate nacional sobre el equilibrio entre protección laboral y sostenibilidad económica.
