El gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 23 por ciento en el salario mínimo para 2026, fijándolo en dos millones de pesos mensuales, tras el fracaso de la concertación tripartita con los gremios empresariales y los trabajadores. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo, busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores en medio de un contexto económico desafiante, pero ha generado fuertes críticas de sectores como Fenalco, la Andi, Asocapitales y la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), que la consideran unilateral y sin base técnica.
El anuncio repite el mecanismo utilizado en 2025, cuando también se recurrió a un decreto presidencial ante la imposibilidad de llegar a un consenso en la mesa tripartita. Según proyecciones de Fenalco, el costo total por trabajador para los empleadores superará los tres millones de pesos, mientras que una encuesta de Acrip a 150 organizaciones revela que las empresas planeaban un ajuste salarial promedio del 6,2 por ciento. El impacto se extenderá a servicios públicos, como el transporte, donde Asocapitales estima un incremento de alrededor de 200 pesos adicionales por pasaje.
Rechazo unánime de los gremios empresariales
Jaime Cabal, presidente de Fenalco, calificó la decisión como una farsa y burla institucional para el sector productivo del país, describiéndola como anticipada, unilateral y abiertamente populista. En su crítica más extensa, Cabal afirmó que lo presentado no fue un acuerdo tripartito, sino una puesta en escena en la cual desde el inicio se sabía que no se tendrían en cuenta las variables técnicas, económicas ni de productividad, y que la decisión ya estaba tomada.
«uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia»
Bruce Mac Master, presidente de la Andi
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, no se quedó atrás y la tildó de uno de los mayores actos de populismo en la historia del país. Por su parte, Andrés Santamaría, presidente de Asocapitales, alertó sobre el efecto inmediato en los costos del transporte público, precisando que un incremento del 23 por ciento en el salario mínimo implica alrededor de 200 pesos adicionales por pasaje. La Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) sostuvo que el aumento del 23,7 por ciento está por encima de la realidad financiera y productiva de las empresas.
Impactos proyectados en la economía y servicios
Los críticos advierten sobre consecuencias negativas en el empleo formal, el aumento de la informalidad, la inflación, la competitividad de las empresas y las mipymes, en un momento en que el gobierno ha decretado una emergencia económica. En las ciudades, los sistemas de transporte enfrentan déficits agravados: el MIO en Cali, los buses alimentadores en Medellín y el Fondo de Estabilización Tarifaria en Bogotá podrían verse presionados. Nuevas estimaciones económicas para 2026, presentadas por Credicorp Capital a cargo de Daniel Valencia, managing director de Research, subrayan estos riesgos.
La medida, respaldada por el Ministerio de Trabajo, contrasta con las posiciones de Fenalco, la Andi y el Metro de Medellín, que insisten en la necesidad de un diálogo genuino basado en datos técnicos para evitar distorsiones en el mercado laboral colombiano.
